La Fiscalía Especializada en materia Anticorrupción del estado de Michoacán no cuenta con ninguna denuncia o procedimiento iniciado contra el ex mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, así lo reconoció la titular Marisol Sánchez Zamudio.

Indicó que si se tienen carpetas de la pasada administración, sin embargo, ninguna está dirigida al ex perredista prófugo de la justicia.

En el caso de Aureoles, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no cuenta con una carpeta como tal abierta, sin embargo, pues conocemos muchas carpetas que impactan a las secretarías del gobierno del estado, desde luego, en el periodo de Silvano Aureoles. Entonces estamos en investigaciones, y hoy por hoy, no sé si alcanza esos niveles.

Negó que exista algún conflicto de intereses pese a formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando Juan Bernardo Corona -prófugo de la justicia- era titular de la dependencia.

También, pese a aprobarse la inhabilitación del diputado Juan Carlos Barragán y solicitar la reparación de daño con el pago de más de cinco millones de pesos por parte del Tribunal en Materia de Anticorrupción Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada tampoco cuenta con alguna investigación en su contra.

Derivado de la noticia que nosotros conocemos por medio de redes sociales de la inhabilitación. Hoy no tenemos una investigación abierta en materia penal. No descarto que posiblemente se pueda generar, pero hoy no se encuentra dentro de las investigaciones en la Fiscalía. (…) No hay ninguna denuncia, estamos apenas conociendo. Hoy por hoy no está abierta.

Dentro de los logros presentados en el primer informe de la presidenta, se encuentran más de dos millones de pesos recuperados y la expectativa de este periodo es de aproximadamente 400 millones de pesos.

También, la vinculación a proceso de 49 personas (36 hombres y 13 mujeres) de 24 carpetas judicializados por delitos como: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia y ejercicio ilícito del servicio público.