El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, solicitó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) investigar la actuación de su secretaria ejecutiva, María Antonieta Rojas Rivera, ante la posibilidad de que exista un conflicto de interés derivado de una presunta afinidad con el Movimiento del Sombrero, encabezado por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

El legislador cuestionó que la funcionaria haya intervenido en el procedimiento mediante el cual se dictaron medidas cautelares en su contra, luego de una denuncia por presunta violencia política de género presentada por la presidenta municipal. Recordó que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró inexistente la infracción denunciada y que las restricciones posteriormente quedaron sin efectos jurídicos.

Estuvo resolviendo un caso donde aparentemente tiene preferencia por una de las partes, lo cual nos llamó mucho la atención. Hicimos llegar un oficio al IEM para que se investigue si la encargada de despacho tiene una afinidad con el Movimiento del Sombrero, lo cual se me haría muy grave.

Gaona García explicó que, tras revisar información disponible en redes sociales, encontró elementos que considera suficientes para solicitar una investigación institucional. Aclaró que corresponde a las autoridades competentes determinar si existe alguna relación que pudiera comprometer la imparcialidad de la funcionaria, particularmente porque participó en un procedimiento relacionado con una figura política hacia la que presuntamente manifiesta simpatía.

“Sabemos que se vienen los tiempos electorales y que dentro del IEM haya alguien que esté ocupando la Secretaría Ejecutiva con una preferencia hacia un movimiento o hacia un grupo, pues sí tendría que prender las alertas de todos los partidos políticos”, advirtió Baltazar Gaona, al insistir en que las decisiones electorales deben estar sustentadas exclusivamente en criterios jurídicos.

Finalmente, el presidente del Congreso pidió que el IEM esclarezca los señalamientos y revise los criterios utilizados para imponer medidas cautelares que puedan restringir expresiones políticas. Sostuvo que la ciudadanía y los partidos tienen derecho a conocer si quienes intervienen en procedimientos electorales cumplen con las condiciones de imparcialidad exigidas por la ley, especialmente ante la proximidad del siguiente proceso electoral.