Con 32 días de bloqueo a las vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fracción “Poder de Base”, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, estimó una pérdida económica de más de mil millones de pesos.
En rueda de prensa, el líder empresarial refirió que la falta de aplicación del estado de derecho merma las operaciones no sólo de la empresas, sino de la ciudadanía en general, toda vez que si está situación continúa, las pérdidas de empleos pueden ser millonarias, aún cuando aseguró hasta el momento no se reportan cierres de empresas.
“Por cada empleo que se pierde en la industria ferroviaria, son cuatro más cómo impacto en el tema cotidiano, la gente de pie, (…) hemos estado insistiendo con todos los niveles de gobierno, pero las cosas no mejoran, no hay respuesta”, expuso.
El pasado 23 de octubre, el sector empresarial michoacano encabezado por la AIEMAC anunció que presentaría una denuncia penal en contra de la dependencia federal que resulte responsable por omisión en la aplicación del estado de derecho ante el bloqueo de vías férreas en el interior del estado, esto en aras de agilizar el proceso de liberación de los ferrocarriles.
Este documento no ha sido elaborado ni mucho menos interpuesto, debido a que las distintas cámaras empresariales en el estado no han logrado ponerse de acuerdo sobre la exigencia, explicó Enríquez Barajas.
Al momento son alrededor de tres mil los contenedores detenidos en el puerto de Lázaro Cárdenas, los cuales no han podido desembarcar ni moverse a sus destinos; dicha situación ha orillado a las empresas a mover sus mercancías por otros puertos cómo lo es Manzanillo y Long Beach en Estados Unidos.
Desde el pasado 21 de septiembre, la fracción Poder de Base de la CNTE instauró la serie de bloqueos intermitentes a las vías del tren en diferentes puntos del estado como una medida de presión para que se cumplimenten las demandas del magisterio.
Sus exigencias son, el pago puntual de salarios y prestaciones a más de 28 mil trabajadores de la educación, la basificación de alrededor de dos mil 200 normalistas egresados de las generaciones 2019 y 2020, así como la liberación de presos políticos.
