Se supone que por la pandemia de coronavirus COVID-19, en Michoacán de acuerdo al artículo 39 de la legislación en materia de comunicaciones y transportes, los concesionarios y permisionarios del servicio público de autotransporte deben, entre otras obligaciones, prestar el servicio gratis en caso de catástrofe o aparición de pandemias, pero esto no ha sucedido.
Por ello, la legisladora del PT en Michoacán, María Teresa Mora Covarrubias propuso reformar los artículos 8, 9, las fracciones III y XIII del artículo 39, así como la fracción V del artículo 44, de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, ya que si bien, señala que el servicio se deberá de prestar de forma gratuita, esta legislación no explica en qué condiciones y cómo deberá aplicarse la disposición de la gratuidad.
Hoy, en términos de la norma, deberíamos estar gozando de transporte público gratuito, sin embargo no es así, quizá el problema es que la norma no fue perfecta y no se dispuso, a partir de qué momento, o cómo debía aplicarse este supuesto.
La iniciativa de la legisladora Mora Covarrubias propone aplicar la gratuidad de los servicios del transporte público a las personas adultas mayores de 60 años y a aquellas personas con alguna discapacidad, que implique alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial.
Por lo general, estas personas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja con respecto a la demás población, mucho mayor, no solo por el ingreso, si no por un acceso mucho más complejo a bienes y servicios.
De acuerdo a datos del INEGI en 2015 habitaban en Michoacán 510,695 personas de 60 años y más, es decir, el 11.55 por ciento de la población total del estado; Y de acuerdo a la misma institución, en 2014 la entidad ocupó el sexto lugar en el país, con doscientas quince mil (215,000) personas con discapacidad, lo que significa el 4.9 por ciento de la población total.
