La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Ameli Gissel Navarro Lepe, aclaró que la revocación de medidas cautelares dictadas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —por el uso de la frase “es tiempo de mujeres” en el contexto de la sucesión de 2027— no implica un aval a su conducta, sino una deficiencia en la forma en que fueron emitidas.

En entrevista, explicó que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sí tiene facultades para dictar este tipo de medidas dentro de procedimientos sancionadores, pero deben cumplir con un requisito clave: estar debidamente motivadas y justificar el “temor fundado” de que se cause un daño si no se actúa de inmediato.

Fue una cuestión de justificar por qué se tomaba esa determinación y qué valores se consideraban vulnerados.

Navarro Lepe enfatizó que el Tribunal no entra al análisis de fondo en esta etapa, sino que revisa que el acto esté correctamente sustentado en términos legales.

No es corregir la plana, cada quien tiene sus competencias; el Tribunal verifica que el acto cumpla con los requisitos que establece la ley.

El caso se originó luego de que el IEM impusiera medidas cautelares al mandatario estatal por considerar que sus declaraciones podrían incidir en la equidad del proceso electoral rumbo a 2027, al promover indirectamente la idea de que una mujer debe sucederlo en el cargo.

Sin embargo, el Tribunal determinó que no se acreditó de manera suficiente la urgencia de la medida, es decir, no se explicó con claridad por qué no podía esperarse a una resolución de fondo.

En otro punto, la magistrada advirtió que uno de los principales retos en materia electoral sigue siendo la claridad normativa, especialmente en procesos nuevos como la elección del Poder Judicial, donde incluso los plazos para impugnar han requerido interpretación.

El cuándo impugnar debe ser claro, no puede quedar sujeto a interpretación porque es la puerta de acceso a la justicia.

Finalmente, indicó que el Tribunal ha aportado estas experiencias al Congreso local para fortalecer la legislación electoral y evitar vacíos que generen incertidumbre en futuros procesos.