En México, la seguridad dejó de ser una realidad para convertirse en una narrativa y como toda narrativa política eficaz, no busca describir el país, sino hacerlo parecer gobernable.
El gobierno presume una reducción en homicidios dolosos y es cierto: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios han mostrado una ligera tendencia a la baja en algunos periodos recientes, pero ese dato, aislado, es una verdad incompleta.
Porque cuando se contrasta con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el panorama cambia. INEGI —que registra muertes a partir de certificados de defunción— suele reportar cifras más altas que el SESNSP, que depende de carpetas de investigación, la diferencia no es menor: puede oscilar entre 10% y 20%, lo que evidencia que incluso el dato más “duro” de la violencia tiene márgenes de interpretación.
Y mientras el indicador más visible se ajusta, otros delitos que también destruyen vidas crecen fuera del reflector.
México acumula más de 100 mil personas desaparecidas en registros oficiales, no es un dato marginal: es una crisis humanitaria, sin embargo, no se integra de forma consistente en la evaluación de la estrategia de seguridad, como si desaparición y homicidio fueran fenómenos distintos para quien los padece.
La extorsión sigue la misma lógica, entre 2018 y 2024, este delito ha tenido incrementos relevantes en varias entidades, no siempre termina en homicidio inmediato, pero asfixia economías locales, desplaza comunidades y normaliza el control criminal, aun así, pesa menos en el discurso.
Aquí está el problema de fondo: cuando el éxito depende de un solo indicador, el sistema aprende a optimizar ese indicador, no a resolver la violencia.
A esto se suma un dato incómodo: la violencia no desaparece, se redistribuye, estados que logran reducir homicidios lo hacen, en ocasiones, a costa de incrementos en desapariciones o en delitos no denunciados y eso abre una pregunta que incomoda al poder: ¿estamos reduciendo la violencia o solo cambiando su forma de registro?
En paralelo, el control territorial del crimen organizado sigue siendo una constante, en amplias regiones del país, el Estado no ha recuperado plenamente la autoridad, la estrategia no erradica, administra, contiene picos, pero no desmonta estructuras.
La militarización, que se presentó como temporal, hoy es permanente, la Guardia Nacional es el eje operativo, pero la evidencia internacional es clara: la presencia militar puede reducir la intensidad momentánea de la violencia, pero no sus causas estructurales.
Entonces, la discusión no es técnica, es profundamente política: ¿qué significa realmente “mejorar” la seguridad?
Porque una baja de 5% en homicidios puede ser estadísticamente relevante, pero socialmente insuficiente si al mismo tiempo crecen las desapariciones o la extorsión y eso no es percepción: es experiencia cotidiana.
México no necesita mejores cifras, Necesita mejores realidades.
Y ahí está el punto que incomoda: reducir un indicador no es lo mismo que reducir la violencia.
A veces, es solo aprender a contarla distinto.
POSDATA:
“… ¿ cuantos hijos de mexicanos, sin apellido Ebrard, reciben la cortesía de vivir en una embajada ? …”
Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ que cuestionamos !!!!
Abelardo Pérez Estrada
Empresario, Analista, Expresidente CANACINTRA
