Ser defensor del territorio, del agua, de los bosques y de la fauna, es un riesgo que puede costar la vida en Michoacán. El origen de este riesgo está determinado por factores que están a la vista y que en la actualidad está tomando la ruta de la aniquilación.

El crecimiento del control territorial de los grupos criminales en todos los municipios, incluso en las localidades más pequeñas, en las que van por el control de las actividades económicas y la movilidad de las personas, choca frontalmente contra quienes resisten y alzan la voz ante cuestiones tan vitales como el agua, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la contaminación y la cacería ilegal.

La razón de este choque proviene del interés económico que estos grupos protegen. En la zona aguacatera, y esto es del conocimiento público, el crimen otorga protección a las plantaciones a las que les cobran extorsión y les allanan el camino a las que provienen de la tala ilegal y del cambio de uso de suelo.

En Madero y Salvador Escalante la expansión aguacatera y en parte la frutillera ha crecido escoltada por el narco. Los reclamos ciudadanos contra la tala ilegal, el cambio de uso de suelo o el robo de aguas, delitos que ellos protegen, son tomados por el crimen como un desafío y como un obstáculo para su control territorial. Días antes de los ataques armados del 6 de noviembre contra ambientalistas en Madero el crimen ofreció a los ambientalistas que trabajaran para ellos. Ante la negativa respondieron con fuego de por lo menos 10 ametralladoras contra la casa de uno de ellos.

En el 2018 después de recorrer la sierra con decenas de ambientalistas identificando talas ilegales y cambios de uso de suelo llegó a mi teléfono un mensaje, “estamos de acuerdo con usted, al que agarremos talando le vamos a mochar las manos con la motosierra, qué le parece”. En otro recorrido, meses después, recibí el siguiente mensaje: “lo estamos cuidando para que no le pase nada” y agregaban fotografías de mi persona tomadas a unos cinco metros de distancia.

En abril y mayo del 2024, cuando se secó el rio Curucupatzeo-Carácuaro porque todos los escurrimiento serranos son desviados a las hoyas aguacateras y frutilleras se recorrieron los lechos de los ríos con la autoridad municipal y luego con la Marina y se recogieron bombas extractoras carentes de permisos, recibimos varias amenazas de muerte. Algunas de ellas provenientes de aguacateros que presumían sus vínculos con el crimen organizado local a quien, dijeron, les pedirían nos asesinaran.

Cuando en mayo de 2024 denunciamos al hoy presidente municipal de Madero Juan Carlos Gamiño de ser el principal constructor de las ahora más de 900 hoyas que dejan a la población sin agua en los tiempos de sequía, sus seguidores desataron una ola de amenazas contra los defensores ambientalistas escudándose en el risible argumento de que el personaje era inocente porque a él solo le pagaban por hacerlas. ¡Imagínese a un sicario argumentando que él no es culpable de los muertos porque a él solo le pagan por asesinarlos!

En enero y febrero de 2025 los defensores del derecho ambiental de Madero visitamos todas las dependencias federales y estatales que tienen competencia en la atención de delitos ambientales para que en una mesa de trabajo se abordara la problemática. El 28 de marzo se instaló esa mesa con funcionarios de Profepa, Conafor, Semarnat, Conagua, Proam, Cofom, Semac, Secretaría de Gobierno, Sedena, Guardia Nacional y el gobierno municipal.

Ahí se expresó la problemática ambiental e hicimos propuestas de intervención institucional. El representante del gobierno municipal argumentó que ahí no había ningún problema, que la cuestión del agua “era un asunto entre particulares” y que él citaría a los aguacateros y frutilleros para que, en la plaza, a voz en cuello, se pusieran de acuerdo con los reclamantes. Con semejante provocación se terminó la reunión.

El representante de la Sedena preguntó sobre los problemas de inseguridad en Madero para trazar una ruta de intervención. El gobierno municipal que conocía de la magnitud de la presencia criminal guardó absoluto silencio. A los pocos meses en la zona del Capulín comenzaron a aparecer asesinados por doquier, luego vinieron los atentados del 6 de noviembre y recientemente el asesinato del compañero Roberto Chávez Bedolla.

De la crisis en el Capulín, en donde el crimen ha arrasado con la población y ha generado desplazamientos, el presidente municipal ha dicho que él no visita ese lugar porque “la gente de ahí ni siquiera tiene credencial de elector de Madero”; de los atentados del 6 de noviembre justificó que no había enviado a la policía porque no le hacían caso a él; y del asesinato de Roberto Chávez jamás salió a condenar el crimen ni a apoyar a la familia y garantizar la seguridad de las comunidades.

Si en la reunión del 28 de marzo se hubieran tomado acuerdos para que Sedena y Guardia Nacional intervinieran para sofocar los riesgos del crimen en Madero, como era el propósito, la crisis de inseguridad no habría escalado al punto que hoy nos encontramos.

Lo que aquí se narra, es el ambiente en el que sobreviven los ambientalistas de Madero, y deja ver una trama de riesgos determinados por los intereses que vinculan al crimen organizado con algunos personajes de los sectores productivos y con los gobiernos municipales. Eso explica lo que ha venido pasando en Madero y es lo mismo que ocurre en Salvador Escalante y en otros municipios en donde la ciudadanía sale a reclamar por el robo de aguas, la tala ilegal o el cambio de uso de suelo.

En Michoacán todos los ambientalistas de territorio y sobre todo los que habitan comunidades pequeñas, corren riesgos elevados de perder la vida. Son blancos más cercanos para los criminales. Esta realidad debe obligar al Estado a desarrollar estrategias operativas para garantizar la vida de estas personas y sus derechos constitucionales a un medio ambiente sano.

Atrás de los crímenes existe debilidad institucional que paraliza la justicia, ocupación territorial del narco en avance constante, corrupción y omisión de funcionarios públicos condescendientes con el narco y un abandono arraigado del derecho humano de los michoacanos a un medio ambiente sano. La aniquilación de ambientalistas es el indicador de que estos factores se han agravado al extremo.