En tribuna del Congreso del Estado, el diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, así como a la Ley de Obra Pública estatales, con el objetivo de transparentar de manera integral la ejecución y el registro financiero de los proyectos de obra multianual o plurianual.

La propuesta fue elaborada en colaboración técnica con el Colegio de Economistas de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río”, representado por David Pascual Arestegui Espinosa, buscando evitar que los esquemas de financiamiento a largo plazo se traduzcan en pasivos ocultos.

El legislador reconoció que los contratos multianuales son un mecanismo novedoso que permite al Estado atender compromisos y ejecutar obras que, de otra manera, difícilmente podrían realizarse. Sin embargo, subrayó que su implementación requiere reglas claras y la máxima transparencia posible, para que tanto la ciudadanía como el Congreso conozcan los compromisos financieros que se adquieren y su impacto en las finanzas públicas.

La iniciativa establece que las Unidades Programáticas Presupuestales (UPP) estarán obligadas a registrar en el sistema financiero estatal la totalidad del costo económico de un proyecto desde el momento exacto de su formalización. Asimismo, prohíbe el uso de cuentas de orden externas y exige que los compromisos de ejercicios posteriores se clasifiquen explícitamente en el balance general como “Pasivos Contractuales de Ejercicios Futuros”.

No estamos en contra de los proyectos de largo plazo; por el contrario, reconocemos su importancia para el desarrollo de Michoacán. Precisamente por eso, consideramos fundamental que los compromisos financieros estén debidamente registrados y sean accesibles para la ciudadanía y para este Congreso, con información clara y oportuna que permita conocer el alcance de estas inversiones.

El proyecto contempla mecanismos estrictos de rendición de cuentas, como la obligación de la Secretaría de Finanzas y Administración de enviar al Poder Legislativo un informe trimestral detallado y desagregado por UPP que incluya el nombre de contratistas, avances físicos reales, montos adjudicados, estimaciones pagadas y convenios modificatorios.

Adicionalmente, faculta a las comisiones dictaminadoras a citar a comparecer a los funcionarios responsables cuando se identifiquen subejercicios o un desfase superior al 15% entre el avance físico y el financiero. Para garantizar su cumplimiento, se contempla catalogar como falta administrativa grave cualquier retraso, omisión o alteración en los registros y reportes oficiales.

Finalmente, la reforma exige que las dependencias publiquen en sus portales de transparencia y bajo el formato de datos abiertos los contratos íntegros, calendarios financieros, dictámenes de beneficio económico y adendas celebradas.

Al concluir la exposición del proyecto, Hugo Rangel reafirmó la importancia de velar por la sostenibilidad del gasto público en el estado: “La obra pública debe contribuir al futuro de Michoacán y acompañar su desarrollo con responsabilidad financiera. Esta iniciativa, construida en colaboración con el Colegio de Economistas, busca fortalecer las herramientas de revisión y vigilancia del Poder Legislativo, así como promover un ejercicio transparente y responsable de los recursos públicos, orientado a las necesidades y al bienestar de las y los michoacanos”.