Durante rueda de prensa, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó sobre la cumplimentación de órdenes de aprehensión en contra de cuatro elementos activos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), por su probable participación en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y evasión de preso, así como de un elemento de la Policía Municipal de Uruapan, identificado como Sebastián Thonatiu “N”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

En el primer caso, los detenidos fueron identificados como Luis Manuel “N”, Priscila “N”, J. Carmen “N” y Alejandra “N”, quienes ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

En esta institución no habrá tolerancia para ninguna conducta que traicione la confianza ciudadana o vulnere el cumplimiento de la ley. Actuaremos con firmeza, sin importar de quién se trate.

El Fiscal General precisó que las investigaciones continúan y reiteró que la Fiscalía mantiene una política de cero impunidad y combate frontal a cualquier acto irregular cometido por servidores públicos.

En el segundo tema, Carlos Torres Piña informó sobre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Sebastián Thonatiu “N”, elemento de la Policía Municipal de Uruapan, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, el 3 de enero de 2026 la víctima comenzó a recibir mensajes de WhatsApp mediante los cuales le exigían el pago de 150 mil pesos, además de amenazas dirigidas en contra de él, su familia y sus bienes.

Ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, dos personas que viajaban en motocicleta realizaron disparos contra el domicilio de la víctima y posteriormente continuaron las amenazas desde otro número telefónico.

El Fiscal explicó que el 29 de enero, derivado de un operativo, fue detenida una persona que presuntamente acudió a recoger el dinero producto de la extorsión, además de asegurarse un teléfono celular.

Derivado del análisis y extracción de información del dispositivo asegurado, se logró establecer una conversación de WhatsApp entre quien recogería el dinero y la persona que presuntamente instruyó esa acción. Las investigaciones permitieron identificar que el número telefónico correspondía al elemento policial hoy detenido.

Carlos Torres Piña subrayó que este tipo de investigaciones requieren procesos técnicos especializados y tiempos de análisis complejos.

La extracción y procesamiento de información de telefonía no es inmediata; son procedimientos técnicos que pueden tomar meses, pero son fundamentales para fortalecer las investigaciones y sustentar jurídicamente las acciones de la Fiscalía.

Finalmente, reiteró que la orden de aprehensión fue cumplimentada en apego al debido proceso y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del imputado, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.