El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para evitar que personas servidoras públicas intervengan en la vida interna de los sindicatos y en la elección de sus dirigencias. La propuesta busca garantizar que las y los trabajadores tomen sus decisiones de manera libre, sin presiones ni uso de recursos públicos.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de reconocer el derecho de los sindicatos a desarrollarse sin injerencias y establecer la injerencia sindical como falta administrativa grave. Además, responde al mandato federal derivado del decreto publicado el 12 de diciembre de 2025, que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en esta materia.

“La iniciativa tiene como objetivo reconocer expresamente el derecho de los sindicatos a desarrollarse libres de cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas, y establecer un catálogo claro de conductas que permitan identificar y sancionar estas prácticas”, explicó Octavio Ocampo.

El legislador señaló que la propuesta contempla un catálogo de conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica a subordinados, el condicionamiento de apoyos o permisos laborales, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales, así como la utilización de instalaciones, vehículos o programas institucionales con fines de proselitismo. “Con esta reforma buscamos garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto de las y los trabajadores y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical”, indicó.

Octavio Ocampo destacó que la iniciativa no interviene en la vida interna de los sindicatos, sino que fortalece su autonomía y cumple con la obligación del Estado de armonizar su legislación. “Esta propuesta responde a un mandato federal y es obligación del Estado de Michoacán realizar esta armonización legislativa para garantizar la democracia sindical. Se busca que las decisiones de las y los trabajadores se tomen con libertad y sin intervención del poder público”, concluyó.