El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, aseguró que el cobro de piso ha dejado de ser una realidad en su municipio, en un contexto marcado por los recientes operativos federales contra el Cártel de Los Reyes, entre ellos la detención de Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”, identificado como uno de sus principales líderes.

El alcalde perredista sostuvo que las condiciones de seguridad han mejorado y atribuyó estos avances a las acciones emprendidas por las autoridades, aunque reconoció que todavía existen momentos complicados, como ocurre en otros municipios de Michoacán.

En Los Reyes han mejorado muchísimas cosas. Desde hace muchos años en Los Reyes vivimos tranquilos. En Los Reyes, como todos los municipios, tenemos momentos complicados; lo que hoy existe en el estado existía desde antes de que llegáramos los presidentes del 2024 al 2027.

Al preguntarle directamente si había terminado el cobro de piso, Jiménez Solís señaló que las intervenciones de las instituciones de seguridad han permitido modificar esa situación.

Este tema que tú mencionas es un tema que dieron a conocer autoridades estatales y que, con las acciones que se emprendieron, permitieron que hoy eso no sea una realidad de nuestro municipio.

No obstante, cuando se le cuestionó si podía garantizar que ningún comerciante o productor continúa siendo víctima de extorsión, el edil reconoció que no cuenta con elementos para asegurarlo.

No te lo puedo garantizar (…) y si hay, a través de las personas, denuncias de ello, pues atenderlas.

El presidente municipal también rechazó que los elevados precios de alimentos y servicios en Los Reyes sean necesariamente consecuencia del cobro de piso. Argumentó que el costo de vida está relacionado con el poder adquisitivo que alcanzó la región durante el auge de la producción de berries.

Eso es lo que sucede en Los Reyes, no tiene nada que ver con que haya cobro de piso o extorsión, mucho menos en los costos de los productos.

Finalmente, Jiménez Solís insistió en que las posibles víctimas deben presentar denuncias ante las instituciones competentes, mientras que el Ayuntamiento puede brindar acompañamiento y canalizar los casos correspondientes.