Desde la máxima tribuna del Estado, el diputado Hugo Rangel urgió a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a proceder de inmediato, en uso de sus facultades, al desalojo y la demolición total de las construcciones detectadas en la zona protegida del Lago de Zirahuén. A través de un exhorto legislativo, el legislador advirtió que la invasión de las márgenes es un atentado contra un bien público, exigiendo que la dependencia asuma su obligación suprema e irrenunciable de salvaguardar el agua de la Nación y sus riberas.
Asimismo, denunció de manera enérgica el papel del Ayuntamiento de Salvador Escalante frente a lo que calificó como un desafío abierto a la ley en la comunidad de Agua Verde. En lugar de custodiar y conservar el área como lo marcaba su responsabilidad, el gobierno municipal permitió el inicio de las obras e incluso ostentó en redes sociales una donación de cemento para construcciones al margen de la ley. “El gobierno municipal no está cuidando el lago, está siendo cómplice de su deterioro”, sentenció el diputado al evidenciar la gravedad de los hechos.
Ante esta violación sistemática a las fajas de protección, la propuesta demanda a la CONAGUA dar por terminado dicho convenio de custodia ante el evidente incumplimiento del Ayuntamiento. Rangel Vargas recordó que la Ley de Aguas Nacionales establece claramente que la autoridad sobre los bienes públicos corresponde al Ejecutivo Federal, advirtiendo que nadie, bajo ninguna excusa, puede apropiarse del patrimonio natural de los michoacanos.
Finalmente, el diputado advirtió que una zona federal no es tierra de nadie, por lo que el problema de Zirahuén se ha convertido en un asunto de supremo interés público donde las autoridades deben responder por su actuar. “El Lago de Zirahuén urge de protección y de instituciones que hagan cumplir la ley. El convenio no le dio al municipio la propiedad del lago; le dio una responsabilidad. Cuando una responsabilidad no se cumple, hay que asumir las consecuencias. Defender el lago y la zona federal es defender el interés público de las y los michoacanos”, concluyó tajante desde el Pleno.
