A pesar de los truenos y los relámpagos el 30 de agosto habrá regreso a clases. El retorno ocurrirá en el pico estadístico más alto de contagios por covid-19 de toda la pandemia. Pero según el criterio de la autoridad ello no será obstáculo para que maestros y alumnos se reencuentren en el salón de clases. “Tenemos que tomar riesgos”, se ha dicho.
Para justificar el regreso presencial se argumenta —con razón— la importancia del desarrollo socio afectivo en las capacidades cognitivas del estudiante, la preocupación por la salud mental de los niños confinados en sus casas —devorados por los videojuegos—, la violencia intrafamiliar y la precaria salud por la ausencia de actividad física regular. Han sumado a ello la preocupación mundial de la Unisef por el regreso a clases, aunque sin hacer énfasis en los 4 frentes que propone esta organización de la ONU para hacerlo de manera segura.
Existe alarma, aunque hasta ahora no hay estudios puntuales, sobre la magnitud del atraso educativo, la deserción escolar por nivel y grado, el deterioro de la escuela como institución y el empobrecimiento físico de las instalaciones escolares. No obstante, debe asumirse que el daño a todo el sistema educativo es grave y deben aplicarse medidas de reconstrucción y recuperación.
Si no hubiera particularidades que deben considerarse debería decirse que la intención del regreso presencial a rajatabla es certera. ¿Pero cuáles serían esas consideraciones que deben ponderarse para que el retorno no se convierta en una pesadilla? Proponemos al menos siete.
La primera, es la imprescindible evaluación de las medidas educativas tomadas en la primavera del 2020. Entonces cerraron las escuelas sin que hubiera un diseño adecuado para la operación a distancia y tampoco, hasta la fecha, ha habido una revisión crítica de aquellas decisiones. No sabemos qué alcance real tuvieron. Lo cierto es que se echó casi toda la responsabilidad a los padres de familia y a los docentes para que ellos resolvieran en la medida de sus posibilidades. Los resultados de esa evaluación debe ser la plataforma sobre la que se eche a andar el retorno.
La segunda, como el retorno se dará en medio de un torbellino de contagios y una vacunación de apenas el 23 %, las medidas sanitarias deberán ser parte crucial para la educación presencial. Lo sensato sería establecer un modelo de retorno escalonado y focalizado que se determinaría por la ubicación geo-sanitaria de cada escuela y la infraestructura física y profesional del plantel. Baste una referencia: las escuelas en los países europeos retornaron entre mayo y junio de este año, pero en momentos de contagios mínimos, bajo medidas sanitarias estrictas y con inversión suficiente en infraestructura.
La tercera, así como la pandemia ha golpeado a la economía, al sistema de salud, y está obligando a replanteamientos de fondo, la educación también ha sufrido heridas profundas. La escuela ha sido zarandeada y con ella la práctica de los docentes en su vínculo saberes-educador. Regresar a la escuela sin un horizonte mínimo de fortalecimiento o refuncionalización, o de plano de reestructuración —social, educativa y sanitaria—, es volver a habitar un espacio ruinoso. El proyecto de Escuela Nueva ha sido rebasado por la crisis en muchos de sus componentes.
La cuarta, la SEP debería contar con dos, tres opciones y más de atención educativa. Tiene que replantear el sistema de educación a distancia con mejores materiales audiovisuales e impresos, ampliar la cobertura de internet, diseñar un modelo de atención híbrido con sus propios recursos didácticos, es decir, tener múltiples respuestas de cara a las diversas necesidades que tiene el país y que sin duda le serán demandados por una realidad diferenciada.
Así como en el tiempo de confinamiento los padres de familia jugaron un papel central en mantener la funcionalidad educativa —muy a su pesar en muchos casos—, debieran ahora continuar ejerciendo ese protagonismo, pero debidamente acompañado por la SEP, que sería determinante para diagnosticar los saberes realmente alcanzados por cada alumno, y a partir de ello recuperar o fortalecer áreas del conocimiento.
Quinta, la austeridad aplicada por el gobierno federal al sector educativo es un obstáculo insalvable para que el retorno a clases presenciales pueda ser exitoso. De acuerdo al Cieps (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria) se necesita una inversión inmediata de al menos 10 mil 376 millones de pesos para dotar de lavamanos a 62 mil 629 escuelas públicas (que representa el 31.5 % del total de las escuelas del país) para cumplir el propósito sanitario básico de limpieza de manos, sin tomar en cuenta la inversión para llevar agua a 41 mil 423 escuelas (20.8 % del total) que no la tienen.
De acuerdo al Cieps el presupuesto para infraestructura educativa en 2021 equivale a 240 millones de pesos, es decir, 51.5 % menos en términos reales que el asignado en 2020. La austeridad debilita a la educación pública y termina perjudicando a quienes menos tienen.
Sexta, sin una actualización eficiente de los docentes, que les permita comprender la nueva realidad y enfrentarla con alternativas educativas y sanitarias pertinentes, el regreso supondrá el retorno a lo mismo de antes de la pandemia. Sin embargo, esa ruta no existe, la SEP está echando, otra vez, esa responsabilidad a los consejos técnicos de los maestros.
En parte, esa limitación se explica porque el presupuesto para el desarrollo profesional docente cayó un 44 % entre 2020 y 2021. Suerte semejante corrió la producción y transmisión de materiales educativos que cayó 18. 9 % —¡en plena pandemia!—, y la producción y distribución de libros y materiales educativos que también cayó en un 12.7 % acumulado entre 2020 y 2021. Por el bien de la educación pública el gobierno federal debe invertir lo necesario para que el retorno y la recuperación sean exitosos.
Séptima, la falta de una construcción adecuada de consensos con la sociedad y los maestros no augura un buen arranque. El retorno presencial ha pasado de ser obligatorio a voluntario en pocos días, sin considerar la complejidad operativa que ello supone.
La responsabilidad sanitaria del gobierno por el retorno ha sido bateada a los padres de familia, primero con una carta responsiva, luego suavizando la misma idea: que en casa decidan si los mandan o no. La mayoría de los países que han regresado a clases presenciales lo han hecho sobre la base de test generalizados a los estudiantes y un programa de vacunación que cubre más del 70 % de la población.
Se comprende que desde el palacio de los virreyes haya urgencia por presumir la normalidad pero el voluntarismo y el utilitarismo político nunca han sido la mejor plataforma para la toma de decisiones delicadas. Hacerlo así para el sector educativo va a traer consecuencias desagradables y un mayor estancamiento para la educación pública. La planeación racional debería imponerse siempre sobre la emergencia de las ocurrencias y los afanes meramente políticos.
El regreso a clases presenciales es necesario, el momento para hacerlo y las condiciones que para ello se requieren, deben ser valoradas con elevada responsabilidad.
