Recientemente ha circulado en redes sociales la propuesta de que, en vez del voto individual de cada persona establecido en nuestro ordenamiento jurídico actual, se establezca un voto por familia o un voto por hogar. Se trata de la versión mexicana de la propuesta de la asociación de ultraderecha Turning Point quedirige Erika Kirt en Estados Unidos, la cual promueve que haya un solo voto por hogar y que las mujeres rechacen su derecho al voto, para que sea el jefe de familia el que vote en representación de todos. La propuesta fue planteada por el académico panista Javier Albarrán, politólogo coordinador de la asociación Actívate, ex candidato a la presidencia municipal de Toluca, quien ha sostenido “que si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa y en quien podría dar un mejor sistema de salud, pensando en sus hijos, en su educación y su futuro, y también pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa… las cosas serían distintas”.
La propuesta de Albarrán no solo generó una conmoción en redes sociales, sino que se sumó a las reflexiones de otros académicos, como Natalia Torres, quien en un podcast sostuvo que podría analizarse la posibilidad de regular un voto calificado o restringido que se otorgaría a los mexicanos que acrediten un examen mínimo sobre el funcionamiento del Estado aplicado por el INE antes de entregar la credencial de elector; junto con otros jóvenes, la profesora de derecho constitucional en la Universidad Panamericana, también cuestionó que el voto de una persona con doctorado o maestría valga lo mismo que el de otra persona que no tiene estudios de nivel superior, aunque después se retractó de su propuesta sin dejar de cuestionar qué tanta información tienen las y los electores para ejercer un voto razonado. Ambos extremos incorporan elementos para la discusión pública.
Siendo loable tomar como eje argumental, en la primera propuesta, la búsqueda del bienestar de la familia, lo cierto es que, depositar la responsabilidad de votar solo en el “jefe de familia”, con independencia de las modalidades que se establezcan para determinar quién es ese jefe, se elimina la posibilidad de que las mujeres que atienden hijos y el hogar, jóvenes y adultos mayores participen en las elecciones, lo cual echaría por la borda múltiples esfuerzos y décadas de logros regulatorios y avances tangibles para igualar los derechos de las mujeres frente a los hombres, dejando de lado la posibilidad de alcanzar la igualdad sustantiva. Lo mismo ocurre con la idea de establecer un voto selectivo sujeto a niveles de escolaridad, pues también es una medida que lesionaría derechos y limitaría agresivamente la participación ciudadana en las decisiones políticas del país.
Estas y otras propuestas han generado reacciones en contrario de diversos sectores de la población, la propia presidenta de la República ha sostenido que el voto por familia sería regresivo en materia de derechos políticos, mientras que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de las Diputaciones ha declarado que el PAN no acompaña la propuesta de Albarrán. De incorporarse a nuestra legislación, ambos temas implicarían retrocesos democráticos afectando a sectores de la población como las mujeres, jóvenes, adultos mayores y grupos en condición de vulnerabilidad, que durante las últimas décadas han logrado avances que potencializan el ejercicio de sus derechos políticos.
En mi opinión, una regulación que permita un solo voto por familia sería destructivo de principios esenciales reconocidos en nuestra Constitución, además de anular las características mundialmente reconocidas en el voto como derecho político fundamental, entre otras, su carácter universal e intransferible y la secrecía con la que se ejerce. También habría que analizar los impactos en el seno de las familias que tendrían conflictos inevitables al decidir quién votaría o en la simple aceptación de que ese derecho se ejerza por el jefe de familia que podría tener preferencias políticas distintas a los demás familiares con derecho a votar. En los órganos de representación política habría falsas mayorías con el silencio de las mujeres y de otros grupos sociales, sería regresar a estados caciquiles, a la imposición de visiones machistas y a incumplir tratados internacionales. Son propuestas regresivas que no pueden pasar desapercibidas, pues entrañan peligros latentes para nuestra democracia y los derechos que ya tenemos reconocidos.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
