Ante el incremento de los riesgos que enfrentan las personas adultas mayores al utilizar servicios bancarios digitales, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán e incorporar una figura específica que sancione el uso indebido o fraudulento de aplicaciones financieras en perjuicio de este sector de la población.

El legislador explicó que la digitalización de los servicios financieros ha facilitado operaciones como el cobro de pensiones, las transferencias y las consultas bancarias; sin embargo, también ha generado nuevas condiciones de vulnerabilidad para quienes enfrentan dificultades para utilizar plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Advirtió que, en muchos casos, las personas adultas mayores dependen de familiares, cuidadores, conocidos o terceros para realizar operaciones básicas. Esta situación puede ser aprovechada por personas de su entorno que, mediante engaños o abuso de confianza, obtienen acceso a sus teléfonos, contraseñas o aplicaciones bancarias para realizar transferencias no autorizadas, disponer de sus ahorros e incluso contratar créditos a su nombre.

“Estamos hablando del patrimonio que muchas personas adultas mayores construyeron durante toda una vida de trabajo, así como de los recursos que reciben por sus pensiones, programas sociales, remesas o apoyo de sus familiares. No podemos permitir que la confianza de quienes necesitan ayuda para realizar una operación bancaria se convierta en una oportunidad para despojarlos de sus recursos”, señaló.

Celis Silva sostuvo que las disposiciones penales actuales pueden resultar insuficientes o de difícil aplicación frente a estas conductas, debido a que no contemplan de manera específica el abuso de confianza digital cometido contra personas adultas mayores.

Por ello, la propuesta busca establecer una figura penal que permita identificar y sancionar estas prácticas, contemplando penas, multas y la reparación integral del daño. Asimismo, plantea agravantes cuando el responsable sea una persona cercana a la víctima o alguien que tenga una relación de cuidado, confianza o responsabilidad sobre ella.

El diputado destacó que el daño ocasionado no se limita a una afectación económica: para una persona adulta mayor, perder sus ahorros o comprometer sus ingresos mediante créditos no autorizados puede poner en riesgo su autonomía, seguridad económica y condiciones de vida.

La iniciativa también plantea fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores, particularmente su patrimonio, dignidad, igualdad y acceso efectivo a la justicia, ante nuevas modalidades de abuso que surgen en el entorno digital.

Finalmente, Juan Pablo Celis señaló que el avance tecnológico debe ir acompañado de mecanismos legales que protejan a quienes enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estos cambios.

“Las herramientas digitales deben estar al servicio de las personas, no convertirse en instrumentos para abusar de ellas. Tenemos que cerrar espacios a estas prácticas y garantizar que las personas adultas mayores puedan disponer de sus pensiones y ahorros con seguridad, autonomía y respeto a sus derechos”, concluyó.