Más de cuatro millones y medio de firmas han detenido, hasta ahora, el proyecto de Royal Caribbean, llamado Perfect Day, que ha pretendido intervenir humedales, manglares y ecosistemas selváticos en Quintana Roo para construir un parque acuático y turístico.

El megaproyecto turístico que pretendía una inversión de entre 600 y 1 500 millones de dólares buscaba transformar una superficie de 825 mil metros cuadrados, 82.5 hectáreas, en donde pondría en riesgo los habitas en donde habitan especies en peligro de extinción.

En 2024 la presidencia de la república, tal vez sin conocer el impacto ambiental que ocasionaría, había elogiado la obra y las virtudes que ella representaría para el desarrollo turístico de este estado vinculado con el proyecto del Tren Maya.

La suspensión, hasta ahora provisional, ha provenido de una fuerte oposición cívica que ha denunciado el daño que semejante proyecto representa para las reservas ecológicas que aún subsisten en esa entidad y que ha cobrado fuerza luego de años de prácticas ecocidas en la construcción de las rutas del Tren Maya que quedaron impunes.

Luego de más de 7 años de políticas ambientales fallidas, derivadas de una reducción drástica al presupuesto de esas instituciones, del desmantelamiento de varias de ellas y de una permanente banalización de las agendas ambientales, parece evidente la pérdida de credibilidad del discurso gubernamental para seguir por la misma ruta.

La justificación ideológica para talar más de 7 millones de árboles y 120 cenotes para instalar la vía férrea del Tren Maya; las más de 300 hectáreas de selvas y manglares destruidos para construir la refinería Olmeca (dos Bocas), se ha venido desvaneciendo frente a una realidad que evidencia ecocidio, ineptitud, corrupción y violaciones flagrantes a las leyes ambientales y acuerdos internacionales vigentes.

El último gran asalto, justificado desde el productivismo (por cierto, nítidamente neoliberal), fue el decreto del 24 de octubre de 2025 firmado por la misma secretaria de Semarnat Alicia Barcena, con el que se recategoriza la deforestación y el ecocidio de los bosques michoacanos, legalizando desde el 2019 hacia atrás la tala ilegal y el cambio de uso de suelo en más de 150 mil hectáreas para el cultivo de aguacate.

El cinismo con el que se han torcido las leyes ambientales en aras de una ideología que ha colocado en su centro la soberbia, el culto al poder de la tribu, bajo el dogma de que sí lo dice el jefe tribal entonces es verdad, es bueno y es lo correcto, aunque al hacerlo se abran las puertas del infierno, nos ha cobrado una factura enorme en materia del derecho ambiental de todos a un medio ambiente sano.

La resistencia civil que ha parado el proyecto Perfec Day ha sido posible porque el discurso banalizador de las agendas ambientales se ha desgastado y ha comenzado a perder credibilidad. El haber pasado por encima de las normas elementales, que están ahí para garantizar la conservación de la vida natural, ha ocasionado daños irremediables representados en imágenes brutales de destrucción ecosistémica, está motivando una reacción social crítica y de franco rechazo.

Ojalá que los bosques michoacanos pudieran contar con la misma visión crítica de sus ciudadanos para echar atrás el decreto del 24 de octubre que entrega ―hablemos de ese concepto de moda― la soberanía de sus bosques al interés privado exclusivamente mercantilista. Una entrega en la que van también sus aguas, sus ecosistemas, su clima, sus especies en peligro de extinción, y el destino de las personas.

Hasta ahora el Perfect Day parece no haber sido tan perfecto, en cambio se ha vivido un día perfecto para la naturaleza, porque deberá ser el inicio para que la sociedad construya la fuerza que se requiere para impulsar una agenda ambiental firme, basada en las verdades científicas que indican la gravedad de los desequilibrios que estamos provocando y que ponen en riesgo los valores de nuestra civilización.

Así como no debe pasar ese proyecto porque el impacto ambiental será contundente no deben pasar otros que, de igual manera, ponen en riesgo los equilibrios naturales y representarán un costo social y económico mayor para nuestro futuro.