Durante los últimos días se ha reabierto el debate sobre los derechos de las audiencias, para unos se trata de una reforma necesaria para proteger a los ciudadanos de la desinformación, para otros es el primer paso hacia una censura disfrazada.

Como suele ocurrir en México, ambas posturas parecen más interesadas en ganar la discusión que en entender el problema.

Vale la pena empezar por un hecho; Los derechos de las audiencias no nacieron con este gobierno, forman parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y fueron incorporados a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, desde entonces reconocen principios básicos como distinguir entre información y opinión, conocer cuándo un contenido es publicidad, acceder a mecanismos de rectificación y contar con información plural.

Hasta aquí difícilmente alguien podría estar en desacuerdo, una democracia necesita ciudadanos mejor informados, no menos informados.

El debate aparece cuando la regulación deja de centrarse en los derechos de las audiencias y comienza a intervenir sobre los contenidos, ahí surge una pregunta que ningún país ha respondido de manera definitiva: ¿Quién decide qué es verdad y qué es desinformación?

Si esa respuesta queda en manos de una empresa privada, existe el riesgo de sesgos comerciales o ideológicos, si queda en manos del gobierno, existe el riesgo de que el poder político termine definiendo qué versiones de la realidad son aceptables y cuáles no.

No se trata de un problema exclusivo de México, todas las democracias enfrentan el desafío de combatir la desinformación sin debilitar la libertad de expresión, la aparición de la inteligencia artificial, los videos manipulados y las campañas digitales coordinadas hacen evidente que el problema existe, ignorarlo sería irresponsable.

Pero también sería irresponsable creer que cualquier gobierno, sin importar el partido que lo encabece, debe tener facultades amplias para decidir qué información merece llegar a los ciudadanos.

La libertad de expresión nunca ha consistido en proteger únicamente las opiniones con las que estamos de acuerdo, su verdadero sentido es garantizar que también puedan expresarse aquellas que incomodan al poder.

Por eso la discusión no debería centrarse en si estamos a favor o en contra de los derechos de las audiencias, debería concentrarse en diseñar instituciones independientes, transparentes y con contrapesos suficientes, para que nadie, ni el gobierno ni los grandes intereses privados, pueda convertirse en el árbitro de la verdad.

Porque una democracia fuerte necesita audiencias protegidas, pero necesita todavía más ciudadanos libres para escuchar, cuestionar y formar su propio criterio.

La experiencia venezolana demuestra que una regulación concebida inicialmente para proteger a la sociedad puede evolucionar, cuando desaparecen los contrapesos institucionales, hacia un mecanismo de control sobre la libertad de expresión.

Mientras discutimos quién debe vigilar a los medios, quizá también deberíamos preguntarnos quién vigila al poder, en una democracia sana, la respuesta nunca debería ser: el propio gobierno.

Recordemos que las grandes transformaciones de un país casi nunca comienzan con una obra pública o una reforma legal. Empiezan cuando los ciudadanos recuperan la costumbre de hacer preguntas incómodas.

POSDATA:

“… Seguimos hablando de inteligencia artificial como el gran desafío del futuro, pero quizá el verdadero reto siga siendo el mismo de siempre: formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, ninguna tecnología sustituirá esa responsabilidad…”  

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ pensantes!!!!

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