El Gobierno de Michoacán busca que el proceso penal contra Raúl Meza Abonce se resuelva a la brevedad y se mantenga en libertad mientras continúa el procedimiento judicial, aseguró el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, ante los señalamientos realizados por la defensa del activista.

El funcionario fue cuestionado sobre el comunicado difundido por la defensa de Meza Abonce, en el que acusa al Gobierno estatal de sostener que el activista actuó bajo “un plan común” y con “división de funciones” durante las protestas realizadas el 3 de noviembre de 2025 tras el homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La defensa sostiene además que el Gobierno, como coadyuvante dentro del proceso, solicita una pena de 12 años de prisión y un pago mínimo de un millón 370 mil pesos por reparación del daño por el delito de sabotaje.

Al respecto, Zepeda Villaseñor rechazó que actualmente exista una intención del Ejecutivo de endurecer el proceso contra Meza Abonce.

Nosotros mismos, a instrucción del gobernador, le propusimos a su defensa que pidiera el cambio de medidas cautelares para que pudiera salir en libertad y llevar su proceso en libertad, y así se hizo.

El secretario de Gobierno aseguró que el Ejecutivo no está solicitando nuevas medidas cautelares ni incrementando las acusaciones.

Nosotros lo que queremos es ya cerrar ese caso.

Cuestionado sobre el hecho de que el procedimiento penal continúa abierto, Zepeda precisó que la imputación corresponde al delito de sabotaje y que será judicialmente como deberá concluirse la carpeta.

El proceso se va a seguir llevando a cabo hasta que judicialmente se cierre su carpeta. Nosotros nos mantenemos firmes en el tema de que lleve su proceso en libertad y ya no se politice el caso para que pueda ser resuelto a la brevedad.

De acuerdo con el documento de la defensa, la próxima audiencia intermedia está programada para el 3 de septiembre de 2026, cuando un juez de Control deberá resolver sobre las pruebas que podrán incorporarse al juicio.

Meza Abonce enfrenta el proceso por los hechos registrados durante las manifestaciones posteriores al homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.