Durante meses se dijo que la revisión del T-MEC sería un trámite, una actualización técnica para darle continuidad al acuerdo comercial más importante de Norteamérica, ayer quedó claro que no será así.

Estados Unidos decidió no respaldar una prórroga automática por otros dieciséis años y, en cambio, impulsó un mecanismo de revisión anual durante los próximos diez años, la diferencia parece técnica, pero sus implicaciones son profundamente políticas.

Aunque a muchos no nos guste, era un escenario que se veía venir.

Y no necesariamente por razones económicas.

Las presiones económicas Donald Trump prácticamente las resolvió desde el inicio de su administración mediante la imposición de aranceles y otras medidas comerciales; el verdadero incentivo es político.

Con elecciones en el horizonte, resulta mucho más rentable enviar un mensaje al electorado estadounidense diciendo que cada año se revisará el tratado para garantizar que Estados Unidos obtenga un trato “justo” en la balanza comercial, es un discurso que genera votos, aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá jamás perciba en su vida cotidiana una diferencia inmediata derivada de esa revisión anual.

La política suele premiar los mensajes antes que los resultados.

Y también suele premiar otra práctica mucho más frecuente: patear los problemas hacia adelante.

Eso es exactamente lo que ocurrió.

Para Donald Trump, el costo político de esta decisión durará únicamente el tiempo que permanezca en la presidencia, para la presidenta Claudia Sheinbaum, el reto consistirá en enfrentar tres o cuatro revisiones antes de concluir su mandato, el siguiente presidente de México hará lo propio durante otros seis años, dependiendo en gran medida de la capacidad negociadora de quien ocupe la Secretaría de Economía, del lado estadounidense y canadiense sucederá exactamente lo mismo.

Todos administrarán el problema.

Muy pocos enfrentarán sus consecuencias.

La verdadera discusión llegará dentro de casi una década, cuando nuevamente aparezca la pregunta de fondo: ¿el tratado continúa o termina?

Y para entonces, es muy probable que muchos de los políticos que hoy están tomando las decisiones ya no ocupen ningún cargo público, no serán ellos quienes enfrenten el costo de haber negociado mal, de haber cedido demasiado o de haber defendido poco.

Ese será el problema de alguien más.

Es un patrón que conocemos perfectamente.

Sucede cuando un gobierno contrata deuda pública a treinta años, firmarla resulta relativamente sencillo porque quien la autoriza normalmente no será quien la termine pagando, el beneficio político se disfruta en el presente; la factura llega muchos años después, cuando otros gobiernos y otros ciudadanos tienen que hacerse cargo.

Con el T-MEC puede estar ocurriendo exactamente lo mismo.

La revisión anual genera incertidumbre permanente para las inversiones, mantiene abierta una negociación que antes ofrecía estabilidad y convierte un tratado comercial en un instrumento político que podrá utilizarse cada año según convenga electoralmente.

Quizá el acuerdo sobreviva; Quizá incluso salga fortalecido.

Pero también es cierto que, desde ayer, dejó de ser un tratado que ofrecía certidumbre de largo plazo para convertirse en una negociación permanente.

Y cuando la política sustituye a la certeza, la economía siempre termina pagando el precio, y quienes terminan absorbiéndolo son el sector privado y los ciudadanos, enfrentando incrementos en los aranceles.

POSDATA:

“…La reciente baja en la calificación de Moody’s llegó en el peor momento. Si el riesgo financiero aumenta y la certidumbre del T-MEC disminuye, invertir en México será cada vez una decisión más costosa…” 

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ que pagamos sus decisiones!!!!