Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes y construir mecanismos de prevención social más efectivos, el diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán para crear un procedimiento especializado dirigido a adolescentes que cometan faltas administrativas.

La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo denominado “Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes”, con el propósito de establecer un modelo preventivo, formativo y restaurativo que permita atender estas conductas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo integral.

El legislador destacó que la intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino brindarles herramientas que permitan su reintegración y evitar que conductas administrativas puedan escalar hacia situaciones más graves.

“Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo”, expresó Alfredo Anaya.

La iniciativa establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas y de reintegración social, garantizando en todo momento el respeto al interés superior de la niñez y sus derechos fundamentales.

Asimismo, se contempla que los adolescentes tengan derecho a ser escuchados durante el procedimiento, contar con el acompañamiento de padres o tutores y recibir orientación jurídica adecuada. También se propone que las audiencias se desarrollen bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es la posibilidad de que los jueces cívicos canalicen los casos a procesos de mediación administrativa o comunitaria para fomentar el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.

La reforma también establece que las medidas aplicables deberán ser de carácter formativo y no punitivo, evitando sanciones privativas de la libertad como medida principal. Además, se prohíbe que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas, garantizando su integridad física y emocional.

De igual forma, la propuesta busca fortalecer las herramientas de seguimiento mediante la implementación de bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica del estado, permitiendo una mejor coordinación con instituciones como la Fiscalía y el DIF para identificar a padres o tutores, dar seguimiento puntual a los procesos de reintegración y prevenir conductas de mayor riesgo.

Con esta iniciativa, Alfredo Anaya refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las juventudes y la construcción de una justicia más humana y cercana a las necesidades de la sociedad.