Con un entorno de enorme complejidad signado por el inminente inicio del campeonato mundial de fútbol, tensiones extremas de la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, la renegociación del TEMEC y la posible reforma judicial para llevar las elecciones de personas juzgadoras al 2028, se acerca el arranque formal de los procesos electorales concurrentes 2026-2027 que pondrán a prueba la capacidad operativa y técnica de las autoridades electorales, así como el arbitraje de las contiendas a cargo de los tribunales de la materia que tienen la delicada responsabilidad de garantizar la constitucionalidad de todos los actos electorales.
Formalmente, el proceso federal iniciará en la primera semana de septiembre de este año y, a partir de ese momento, conforme con sus propias disposiciones legales, el proceso en cada una de las 32 entidades federativas. Viviremos una enorme movilización social y política que, por su relevancia, amerita algunas reflexiones iniciales. La primera es sobre la postura del Instituto Nacional Electoral en relación con la imposibilidad técnica para organizar simultáneamente las elecciones de poderes ejecutivos y legislativos con las de carácter judicial, ya la semana pasada me refería a la problemática que se enfrentaría, por lo cual es necesario que el congreso nacional tome una decisión urgente y determine si habrá un periodo extraordinario para aprobar la posible reforma judicial.
El contexto actual, complejizado con presiones externas, también exige que las autoridades y, sobre todo, los partidos políticos establezcan mecanismos para blindar las candidaturas que se postulen. Tanto los organismos electorales, como las fuerzas políticas y distintas voces del gobierno, han coincidido en la necesidad de que se activen mecanismos que garanticen que las personas candidatas no tengan vínculos con grupos del crimen organizado y que sus campañas no reciban recursos de origen ilícito. Este es uno de los retos más importantes de las próximas elecciones, autoridades y partidos deben responder ante la sociedad por la honorabilidad de las candidaturas que se registren en las contiendas.
La seguridad e integridad física de todos los participantes, funcionarios electorales, integrantes de mesas directivas de casillas, precandidaturas, candidaturas, representantes partidistas, capacitadores, observadores electorales, visitantes extranjeros y votantes. Todos deben estar en plena salvaguarda y gozar de garantías de parte de las autoridades competentes para que cada quien cumpla la función que le corresponde en un clima de seguridad y paz social. Sería terrible que los procesos electorales vuelvan a mancharse con atentados y asesinatos, como registra la historia reciente de elecciones anteriores.
México también precisa que sus procesos electorales se ajusten a los principios constitucionales que los rigen y que los competidores se sujeten a los plazos legales. Es inadecuado lo que a diario se puede testimoniar: propaganda sin límites y en todas las modalidades posibles de aspirantes a candidaturas de todos los partidos que ya se encuentran en actividades de proselitismo adelantado, bajo la modalidad explorada en 2023-2024 de los llamados procesos partidarios inéditos, que se asemejan a precampañas adelantadas. La legislación regula, de manera precisa en qué momento inicia el proceso electoral y cuándo se desahogan las precampañas para que los partidos elijan a sus candidaturas. Es un desiderátum, pero todos debemos esforzarnos por hacer prevalecer el principio de equidad en las contiendas electorales, sin ventajas anticipadas e indebidas de unos frente a otros.
Como sociedad debemos preservar a los procesos electorales como mecanismos legítimos para la renovación periódica de los poderes públicos, que están sujetos a reglas claras, cuyo propósito está en que las contiendas se desarrollen en contextos de cancha pareja y en plena salvaguarda de los derechos políticos de la ciudadanía. Iremos a procesos electorales que, en rígor, ya están en marcha, que necesitan una conducción firme de las autoridades electorales y un compromiso de autocontención de los actores políticos. El llamado es para que esperemos a que los árbitros den el banderazo de salida, a fin de que cada quien despliegue las acciones que le correspondan en el marco de una contienda civilizada y democrática.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
