El pasado miércoles 26 de agosto la presidencia de la república informó que se presentará la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental que busca actualizar a la vigente desde 1988. Se ha dicho que la nueva ley pondrá énfasis en el “enfoque integral de sustentabilidad, derechos humanos y combate a la crisis climática”.

Incorporará contenidos que actualizan el marco normativo como la idea de justicia climática bajo el imperativo de que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”. Su contenido, se afirma, será más firme en materia de participación social para garantizar el derecho de pueblos y comunidades.  Promete que en ella se agregará un capítulo nuevo con el propósito de salvar la integridad de quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

El anuncio de esta iniciativa ocurre en un contexto de retrocesos generalizados para el derecho ambiental en México y de pérdidas aceleradas y cuantiosas de los patrimonios naturales como bosques, aguas, tierras y biodiversidad; ocurre a ocho años del inicio de un periodo negro para las instituciones ambientales que fueron parcialmente desmanteladas y que perdieron más del 36 % de su presupuesto lo que propició la perdida de capacidades operativas.

El anunció también ocurre a 10 meses de que la Semarnat “legalizó” a través del acuerdo administrativo del 24 de octubre de 2025 la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y la pérdida de diversidad ecosistémica de más de 150 mil hectáreas en Michoacán que hoy son ocupadas por huertas aguacateras y a cuyos poseedores se les exentó de sanciones y también de la compensación prevista. Todo lo contrario de lo que la nueva ley promete y que ya está en la vigente.

La iniciativa aparece en un contexto ominoso para el derecho humano a un medio ambiente sano de los mexicanos porque los estudios de impacto ambiental del Tren Maya, que devastó más de 6 659 hectáreas de selva e infinidad de ecosistemas, fueron puestos bajo reserva hasta el año 2028 con el pretexto, comodín sofisma, de la “seguridad nacional” pisoteando el derecho de todos que se contempla en la ley que ahora se busca actualizar, pero que también ya existe.

La iniciativa de la nueva ley que proclama que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, sin embargo, deberá superar, quién sabe cómo, el hecho de que México tiene en América Latina el peor desempeño en justicia ambiental. Tal vez lo primero que deba reorientarse son las prioridades políticas de quienes gobiernan porque hasta ahora solo se han puesto de rodillas ante los poderes económicos que han saqueado y siguen saqueando las riquezas naturales. 

La nueva ley tendrá que prever y resolver la incapacidad del sistema actual de justicia ambiental, que por ejemplo en Michoacán, de 2018 a la fecha, de 2003 expedientes solo se judicializaron 353 y de ellos 8 tuvieron sentencia, y solo 6 fueron condenatorios. 

Es cierto que se necesita una actualización de la legislación en materia ambiental, pero aún más importante es la congruencia ética de los funcionarios, desde el ejecutivo federal, los secretarios, hasta los operadores en el territorio, para que lo establecido en la ley se aplique a rajatabla. Es decir, personajes entreguistas como la secretaria Alicia Barcena que desde la Semarnat ha entregado bosques y ecosistemas a la Apeam, debería ser despedida y sancionada de inmediato, y, si se desea demostrar congruencia el ejecutivo federal deberá anular el acuerdo administrativo del 24 de octubre de 2025. Si no se hace la nueva ley nacerá muerta.

Sería una descarada tomada de pelo, y un acto de grosera simulación, si con la aprobación de la reforma no se anulan todos los acuerdos que están permitiendo ecocidios en distintos lugares de la república, y también si no se hacen públicos todos los estudios de impacto ambiental del Tren Maya y se recupera el derecho del amparo colectivo contra la ecocida obra y se sanciona a quienes la promovieron.

La verdadera política detrás del discurso oficial en materia ambiental se ilustra con el refrán popular que dice “A dios rogando y con el mazo dando”, porque por un lado se predican todos los principios del derecho ambiental, pero en los hechos se permite todo lo que los poderes económicos desean hacer con la naturaleza. El caso de Tres Puentes-Morebus, es uno de los ejemplos más actuales, ahí los principios ambientales les importaron un comino igual que con el ecocidio aguacatero que continua por todas las tierras templadas de Michoacán sin que hasta ahora haya una sola pausa.

Si la ley ambiental de 1988, que contiene normas bastante loables en la materia no se cumplió a fondo durante 38 años y no se detuvieron ni compensaron los daños, qué nos asegura que la nueva ley sí será aplicada. ¿No será que el cambio debe hacerse en otro ámbito? en el de la congruencia ética de los políticos y los funcionarios.

Decía el general Francisco J. Múgica “Hechos, no palabras”. El gobierno de la república debió primero probar la ley de 1988 bajo este imperativo, es decir, hacerla valer en los hechos. Si así se hubiera hecho en los gobiernos previos otro gallo nos cantara y no habríamos perdido el 68 % de nuestros bosques y el agua no estuviera de facto en manos de aguacateros y productores de frutillas en Michoacán. 

El riesgo muy predecible es que la nueva ley, pomposamente llamada Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, corra la misma suerte que la anterior y solo sirva para construir discursos. Sin presupuesto para ejercerla, con funcionarios entregados a los actores económicos y vinculados con la perniciosa cultura de que “no me vengan con que la ley es la ley” o “No cumplas con la norma; eso es lo que te estoy diciendo”, no llegaremos muy lejos. Es decir, tendremos nueva ley, pero los mismos consentidos ecocidas.