Las reformas democráticas serias no cambian de rumbo después de perder una votación, se corrigen, se negocian o se replantean, lo que no hacen es desaparecer para reaparecer convertidas en otra cosa; eso fue exactamente lo que ocurrió con la reforma electoral: primero se presentó como una transformación estructural del sistema político y, tras su derrota legislativa, terminó convertida en un Plan B que hablaba de temas completamente distintos.

Si la reforma electoral presentada hubiera sido realmente por la democracia, habría sido una reforma completa, pero no lo fue y lo que ocurrió después —el llamado Plan B— terminó por exhibir algo más incómodo: no existía una estrategia integral de reforma democrática, sino una reacción política frente a una derrota legislativa.

La iniciativa original contenía elementos relevantes, destacaba la reducción de las diputaciones plurinominales, actualmente 200 de los 500 diputados federales en México son de representación proporcional, lo que significa que el 40 % de la Cámara de Diputados no se elige directamente por mayoría distrital.

Desde la reforma política de 1977, las plurinominales se diseñaron para abrir el sistema a la oposición en un país dominado por un solo partido. Pero casi medio siglo después el contexto político es radicalmente distinto.

Reducir ese número no es una idea nueva, durante años se ha debatido si el sistema mexicano sobrerrepresenta a los partidos y encarece el funcionamiento del Congreso, en ese sentido, la propuesta de disminuir plurinominales tocaba una de las estructuras centrales del sistema político.

La reforma también incluía mayores mecanismos de fiscalización del gasto electoral y reducciones en los gastos de campaña, dos temas que responden a una crítica social persistente: el costo de la democracia mexicana.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), el presupuesto electoral federal para 2024 superó los 37 mil millones de pesos.

Diversos estudios comparativos muestran que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo por votante, en países como España o Alemania, la administración electoral cuesta significativamente menos por ciudadano.

Pero todo cambió cuando la reforma no consiguió los votos suficientes en el Congreso.

La respuesta del gobierno fue anunciar un Plan B que desplazó completamente el centro del debate.

Los elementos estructurales de la reforma —reducción de plurinominales, fiscalización del gasto electoral y disminución del costo de campañas— desaparecieron del nuevo planteamiento.

En su lugar aparecieron otros temas: diputados en congresos estatales, gasto legislativo local y costos administrativos municipales.

México tiene 32 congresos estatales con más de 1,100 diputados locales y más de 2,400 municipios.

Discutir esos gastos puede ser válido, pero no es una reforma electoral federal.

La reforma hablaba de cómo se eligen los representantes federales y cuánto cuesta la competencia política nacional, El Plan B habla de gasto de congresos locales y municipios.

No es una corrección de la reforma, claramente es otra conversación.

Al final, el problema no fue la falta de votos, el problema fue la falta de coherencia.

La reforma electoral hablaba de plurinominales, fiscalización y costo de las campañas. El Plan B terminó hablando de congresos estatales y gasto municipal.

No es continuidad, es cambio de tema y cuando una reforma cambia de tema después de perder en el Congreso, el mensaje es claro: no era una reforma, era una apuesta política que no consiguió mayoría.

Por eso la conclusión es inevitable: no era por la democracia.

POSDATA:

“…advierto: Trump necesita logros y la guerra con Irán se le está alargando…”

Es tiempo de los ciudadanos …. ¡¡¡¡ que detectamos que este Plan B nunca tuvo un Plan A!!!!

  Abelardo Pérez Estrada

Empresario, Analista, Expresidente CANACINTRA