Hoy, fecha en que se cumplen 13 meses desde la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, su madre convoca a la sociedad civil organizada y a todas las fuerzas políticas a realizar reformas a las leyes federales en materia de delincuencia organizada y de desaparición de personas.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la Mañana”, Brenda Valenzuela anunció su intención de proponer a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión la realización de reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La propuesta parte primordialmente de los obstáculos que ha encontrado en la investigación por la desaparición de su hijo. Si bien las autoridades federales han desplegado una cantidad considerable de esfuerzos para su localización, hasta la fecha estos han sido insuficientes, en buena medida debido a aspectos estructurales del sistema de justicia relacionado con el fenómeno de las desapariciones.
La propuesta que se presentará este mismo mes de noviembre, pretende atender a 4 aspectos concretos de la tragedia nacional de las desapariciones:
- Imposibilidad para atender adecuadamente las desapariciones en el contexto de la delincuencia organizada: actualmente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no contempla dentro del catálogo de esas conductas la desaparición (ni forzada ni cometida por particulares), lo que en la práctica representa obstáculos para que las autoridades especializadas en delincuencia organizada (como la FEMDO de la FGR) se avoquen a la investigación de esas conductas desde la perspectiva de esa ley especial y con las herramientas que la misma provee.
Los datos nacionales sobre incidencia delictiva reflejan una baja relativa en delitos como homicidios, pero un aumento en las desapariciones. En los últimos años se ha convertido en una conducta perfeccionada en extremos inhumanos y adoptada por todos los grupos delincuenciales del país, incluyendo aquellos que se dedican a otras actividades como el tráfico de drogas, huachicol y extorsión.
- Inoperancia de la interconexión nacional de los sistemas forenses: actualmente la ley responsabiliza a la FGR de la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, pero no con el mismo grado a las fiscalías de los estados y a los servicios forenses, lo que en la práctica ha permitido que hasta el momento ese Banco no opere en tiempo real con información de todo el país.
La consecuencia directa para las familias es que, aunque se encuentren los restos de sus familiares desaparecidos en un estado de la República, no necesariamente se dará aviso inmediato a la fiscalía de la entidad donde se lleva la investigación.
En el marco de fenómenos como el desplazamiento forzado interno, el reclutamiento forzado y la trata de personas, resulta fundamental contar con herramientas eficaces para no prolongar injustificadamente el sufrimiento de las familias, y posibilitar el retorno digno de todos los restos humanos lo más pronto posible desde que son localizadas esas personas.
- Desatención del reclutamiento forzado: las leyes que se pretenden reformar no contemplan en ningún aspecto la existencia e implicaciones del reclutamiento forzado. Los grupos delincuenciales atentan impunemente contra los proyectos de vida de miles de jóvenes, obligándoles a incorporarse a sus filas, y destruyendo el tejido social.
Lejos de atender el problema, actualmente el Estado Mexicano es ciego ante ese fenómeno, puesto que ni siquiera se reconoce formalmente su existencia en las leyes en la materia. Es necesario un debate nacional profundo para conceptualizar y atender adecuadamente todas sus implicaciones.
- Medidas inadecuadas de sanción para adolescentes: actualmente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no contempla dentro del catálogo de conductas delictivas con medida de sanción de internamiento la desaparición en ninguna de sus modalidades, es decir, no conlleva prisión. En la práctica, los grupos delincuenciales han advertido esa laguna legal de impunidad y, al menos en el Estado de Sinaloa, sistemáticamente emplean a menores de edad para cometer esa clase de delitos.
Si bien existen muchos espacios de oportunidad para mejorar en la atención del fenómeno de las desapariciones, los puntos de la propuesta son solo un punto de partida para una discusión más amplia, que surgen desde la experiencia de una madre buscando a su hijo, como tantas otras familias que siguen esperando el retorno de sus familiares.
La familia de Carlos Emilio espera contar con la empatía y la solidaridad de todas las fuerzas políticas, ante una situación de trascendencia nacional que rebasa cualquier escenario de política electoral y cualquier interés particular.
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