Todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, organismos descentralizados y los gobiernos municipales de Michoacán, deberán contar de forma permanente con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.
Lo anterior, luego de que las y los legisladores del Congreso del Estado votaron a favor del Dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos sobre la iniciativa de la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez con la finalidad fortalecer el derecho de las personas con discapacidad auditiva a una comunicación accesible y efectiva en su relación cotidiana con las instituciones del Estado.
En Sesión Extraordinaria las y los legisladores michoacanos votaron a favor de la adición del artículo 4 Ter a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Con la modificación a la ley, se mandató que todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, organismos descentralizados y los gobiernos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, deberán contar de forma permanente con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana o con personal debidamente capacitado en comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva en sus oficinas, módulos y unidades de atención ciudadana.
Lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho a la comunicación accesible, la atención digna, y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Su implementación deberá ser progresiva y prioritaria en las áreas con mayor contacto con el público.
La diputada Caratachea Sánchez, en su iniciativa planteó que con la reforma se busca hacer efectiva la inclusión, romper barreras históricas y avanzar hacia un Estado más accesible, justo e igualitario, en el que la comunicación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos.
“El Estado debe reconocer que la lengua de señas mexicana (LSM) no es sólo un mecanismo de apoyo, sino una lengua nacional con valor cultural, identidad propia y derechos lingüísticos reconocidos. Por tanto, garantizar intérpretes o personal capacitado en LSM en las oficinas públicas es reconocer y respetar la identidad de la comunidad sorda y permitirle ejercer su ciudadanía en condiciones de equidad”, precisó.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos en sus Consideraciones estableció que garantizar la disponibilidad de intérpretes de LSM en los servicios públicos no es sólo una acción afirmativa, sino una exigencia constitucional y convencional que permite materializar la igualdad sustantiva y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad auditiva en la vida social, educativa, laboral y política del Estado.
“Con esta medida, se garantiza la accesibilidad comunicativa institucional y se elimina una de las principales causas de exclusión sistémica de la comunidad sorda, transformando el silencio institucional en voz ciudadana efectiva”, concluyó.
Respecto al análisis financiero, determinaron que la implementación de la reforma no implica una carga presupuestal adicional, dado que puede realizarse mediante la reorientación de recursos humanos y materiales ya existentes. “Además, las instituciones pueden aprovechar los programas federales de capacitación en LSM, garantizando su sostenibilidad sin afectar el erario estatal, conforme a los principios de responsabilidad, racionalidad y eficiencia presupuestaria”.
