En México ya no se viola la ley solamente rompiéndola. También se viola torciéndola, rodeándola, disfrazándola. Los llamados “Coordinadores de la Cuarta Transformación” son el ejemplo más acabado de esa nueva picaresca electoral: no son candidatos, pero se comportan como candidatos; no están en campaña, pero recorren el país como si lo estuvieran; no piden el voto, pero construyen reconocimiento, estructura, narrativa y ventaja antes de que la ley permita competir.

La simulación es conocida. Se inventa un cargo partidista: coordinador, defensor, responsable, enlace, promotor. Se le da apariencia interna. Se organiza una “consulta”, una “encuesta”, una “asamblea” o un “proceso político”. Luego vienen los espectaculares, las bardas, los mítines, las giras, los aplausos, los operadores, los gobiernos locales facilitando logística y los funcionarios públicos haciendo como que no ven lo evidente. El truco consiste en no decir formalmente “vota por mí”, aunque todo el acto esté diseñado para posicionar a una persona rumbo a una candidatura.

No es ingenuidad. Es una estrategia calculada. El propio Tribunal Electoral y el INE han tenido que intervenir para regular estos procesos políticos anticipados; en 2023, el TEPJF ordenó al INE emitir lineamientos y el INE aprobó reglas para fiscalizar actos, propaganda y actividades de esos procesos partidistas. Entre otras cosas, se estableció que no debían promover candidaturas ni plataformas electorales.

El problema es que la norma llega tarde y la sanción suele llegar débil. Para cuando se analiza si hubo “equivalentes funcionales” de llamado al voto, la ventaja ya se acumuló. Para cuando se revisa si el acto fue partidista o electoral, la persona ya se volvió familiar para millones. Para cuando se fiscaliza el gasto, la propaganda ya cumplió su propósito. La trampa electoral moderna no siempre busca ganar un juicio; muchas veces basta con ganar tiempo.

Y aquí la responsabilidad no es exclusiva de Morena. Morena perfeccionó el método desde el poder, pero otros partidos han replicado fórmulas parecidas con nombres distintos. La oposición también ha jugado a la simulación cuando le conviene. El resultado es un sistema donde todos se acusan de tramposos mientras todos buscan el resquicio para hacer lo mismo. Así no se construye una democracia limpia: se construye una competencia de cinismo.

La democracia exige algo más que urnas. Exige piso parejo, tiempos claros, reglas respetadas y autoridades capaces de sancionar a quien se adelanta. Cuando un partido utiliza cargos ficticios para promover candidatos antes del periodo legal, no está siendo creativo: está degradando la competencia. Cuando un gobierno usa su estructura, su narrativa oficial o sus programas para empujar aspirantes, no está haciendo política: está abusando del poder. Cuando los tribunales toleran la simulación por formalismos excesivos, convierten la legalidad en coartada.

¿Qué hacer? Primero, el Tribunal Electoral debe juzgar la sustancia y no el disfraz. Si un acto parece campaña, funciona como campaña, genera ventaja de campaña y beneficia a un futuro candidato, debe tratarse como campaña anticipada. Segundo, las sanciones deben doler: pérdida de prerrogativas, reducción de topes de gasto, retiro inmediato de propaganda, responsabilidad directa de dirigentes y, en casos graves, inelegibilidad temporal. Sin consecuencias reales, la trampa seguirá siendo rentable.

Tercero, el INE debe fiscalizar en tiempo real, no como arqueólogo electoral. Las bardas, espectaculares, redes, eventos y traslados deben contarse desde el primer día en que se promociona a una persona con fines electorales, aunque el partido le llame “coordinador”, “defensor” o “responsable”. Cuarto, debe prohibirse expresamente que servidores públicos participen, financien, faciliten o legitimen estos procesos desde el aparato gubernamental.

Pero la ciudadanía también tiene tarea. No basta indignarse cada tres años. Hay que documentar, denunciar, exhibir y castigar políticamente a los chapuceros. Cada barda ilegal, cada espectacular disfrazado, cada evento financiado con opacidad y cada funcionario convertido en promotor debe ser registrado y denunciado. Los ciudadanos pueden convertir la vigilancia electoral en presión pública.

México no va a mejorar su democracia mientras premie al más hábil para burlar la ley. La competencia política debería elevar ideas, trayectorias y propuestas, no sofisticar trampas. El problema de los “coordinadores” no es sólo jurídico; es moral. Revela una clase política que sabe que engaña, que calcula cómo no ser sancionada y que luego pide confianza ciudadana.

Una democracia seria no puede construirse sobre simulaciones. Y un país cansado de trampas tiene derecho a exigir algo elemental: que quien quiera gobernar empiece por respetar la ley.