Reconocer la lactancia materna como un derecho constitucional en Michoacán para obligar al Estado a garantizar y promover su ejercicio es la propuesta de la diputada local Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

“Cuando una mujer tiene que elegir entre alimentar a su bebé y conservar su trabajo, no estamos frente a un problema individual. Estamos frente a una deuda del Estado y de nuestra sociedad”, expresó la legisladora en tribuna al presentar su iniciativa ante el pleno el pasado miércoles.

La propuesta de la diputada del PAN plantea incorporar este derecho en el artículo segundo de la Constitución Política del Estado atendiendo tanto el interés superior de niñas y niños como el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad.

La intención es que al considerarse un derecho, el gobierno estatal esté obligado a impulsar políticas públicas y condiciones laborales dignas, seguras, higiénicas y flexibles, además de combatir la discriminación relacionada con la maternidad.

Vanhe Caratachea acotó que reconocer este derecho no implica imponer la lactancia a ninguna mujer ni juzgar sus decisiones, sino que lo que se busca es que cada madre cuente con información, acompañamiento y condiciones para decidir libremente, sin que las barreras laborales o sociales determinen por ella.

“Que proteger la lactancia deje de depender de la buena voluntad y se convierta en una responsabilidad pública expresamente reconocida”, es el objetivo principal, explicó.

La iniciativa también plantea avanzar en la creación de espacios adecuados para la lactancia y en mejores condiciones para conciliar las responsabilidades familiares y laborales. La legisladora aclaró que una reforma constitucional no resolverá por sí sola todas las barreras, pero sí puede sentar las bases para que las instituciones asuman compromisos y desarrollen políticas públicas.

Explicó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han establecido que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años o más, constituye una de las estrategias más efectivas para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades y fortalecer el desarrollo físico y emocional de las y los niños, por lo que se debe considerar también una obligación del Estado reconocerla, atendiendo el interés superior de niñas y niños.

La iniciativa fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales, que determinará si se da ha lugar a su discusión.