El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, desestimó la solicitud de juicio político promovida por la empresa Frontal Publicidad contra el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, al asegurar que se trata de una acción “meramente propagandística” y sin sustento jurídico.

Cuestionado sobre el recurso presentado ante el Congreso del Estado por el retiro de estructuras publicitarias instaladas en puentes peatonales de Morelia, el mandatario señaló que la dependencia señalada ni siquiera fue la autoridad responsable de la acción.

Es meramente propagandístico, no tiene ningún efecto. La autoridad que retiró fue Protección Civil, no SCOP, entonces ni siquiera es la autoridad.

Bedolla, quien recordó su experiencia como diputado y abogado, explicó que la figura del juicio político está diseñada para servidores públicos con fuero o representantes de elección popular, por lo que consideró improcedente intentar aplicarla en este caso.

Los juicios políticos son contra representantes populares de elección popular. Si alguien se siente agraviado puede acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, así de sencillo.

El gobernador añadió que es normal que existan amparos, juicios o recursos legales contra actos de gobierno, ya que cualquier ciudadano tiene derecho a inconformarse y acudir ante los tribunales para defender sus intereses.

Es un tema ordinario porque el gobierno toma acciones y habrá quien se sienta afectado. Tiene el derecho constitucional y legal de acudir a tribunales y demostrar si tiene razón o no.

Asimismo, explicó que la colocación de espectaculares en vialidades y puentes está sujeta a regulación de las autoridades correspondientes, dependiendo de si se trata de infraestructura federal, estatal o municipal, además de cumplir con requisitos en materia de protección civil y seguridad estructural.

Los espectaculares no pueden estar colocados dentro del derecho de vía. Además, requieren permisos, análisis estructurales y revisiones permanentes de Protección Civil.

Finalmente, insistió en que cualquier controversia relacionada con concesiones, permisos o afectaciones derivadas del retiro de publicidad debe resolverse por la vía jurisdiccional correspondiente y no mediante un juicio político ante el Poder Legislativo.