La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, solicitó la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego hacia grupos delictivos.
Durante su participación en la Cuarta Cumbre de Jefes de la Policía de las Naciones (UNCOPS), en Nueva York, acompañada por el embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, la secretaria Rodríguez puntualizó que esa situación debe parar como medida de prevención de las violencias.
En el encuentro participaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como ministros de seguridad del mundo.
En la máxima tribuna de la ONU, Rodríguez explicó que México enfrenta a los cárteles de las drogas, mientras por debajo de la mesa se les ayuda a potenciar su actuación violenta.
Agregó que se tiene toda la capacidad política, de inteligencia operativa y presencia de seguridad para actuar contra los criminales, pero que no es correcto que la economía de las fábricas armadoras esté por encima de la seguridad nacional.
“México está a favor de la paz y la no violencia. Igual que Naciones Unidas, tenemos un compromiso con la pacificación y el objetivo es que paren los ataques entre grupos criminales”, externó.
Advirtió que esto no será posible mientras la industria armamentista siga otorgando de manera ilícita armas de fuego de alto poder a organizaciones criminales mexicanas, a cambio de dinero.
La también coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional aseguró que las fuerzas armadas del Estado Mexicano participan, y lo seguirán haciendo, en las misiones permanentes y de paz de Naciones Unidas.
Aclaró que existen informes, que la ONU maneja, sobre fabricantes de drogas sintéticas que no corresponden a la realidad, pues en el caso mexicano los datos proceden del esfuerzo al combate de las organizaciones delictivas que realizan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Estas tareas, acotó, se centran en la destrucción de esas sustancias y la detención de delincuentes, aún a costa de vidas de soldados, marinos, guardias nacionales y policías.
Rodríguez refirió que en México se atienden las causas que generan la violencia con servicios sociales universales como la pensión para 12 millones de adultos mayores y pensión para más de un millón de personas con discapacidad, buscando así mejorar las condiciones de vida de la población y que nadie se quede sin alimento.
Además mencionó los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y becas para estudiantes de educación media y superior para evitar que sean cooptados por la delincuencia o víctimas de las drogas.
Agregó que también se llevan a cabo prácticas de prevención como el Desarme Voluntario, donde la población acude, de manera anónima, a canjear armas de fuego por dinero en efectivo.
“Acciones contra la violencia hacia las mujeres y niñas con atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Operativos de inteligencia para detener a criminales que violentan colonias y comunidades, y algunas zonas específicas del país.
Los secuestros bajaron 70%; los robos disminuyeron 30%; el robo de vehículos descendió 47%; el robo de hidrocarburos bajó 94%, y el homicidio descendió 19%.
En ese contexto, destacó que actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con la aprobación del 70% de los mexicanos y diariamente encabeza las reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional, cuyos integrantes no tienen vínculos, ni intereses con delincuentes.

