El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró que el caso del estudiante de 15 años que mató a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas debe marcar un parteaguas para replantear el sistema de justicia penal en México y abrir la discusión para que menores que cometen delitos con plena conciencia y alto grado de violencia puedan ser juzgados como adultos.

Al ser cuestionado sobre lo que esperaría del Poder Judicial en la audiencia inicial del adolescente, el mandatario sostuvo que este hecho obliga a revisar el marco normativo nacional, al señalar que hay casos en los que un menor actúa con premeditación, ventaja y conocimiento pleno del daño que va a causar.

Los jóvenes, en este caso específico, que delinquen con esta saña sí deberían ser enjuiciados como adultos, sobre todo cuando ya tienen conciencia plena de lo que hacen.

Ramírez Bedolla afirmó que su postura es que este tipo de conductas sean consideradas como delitos de alto impacto y que reciban un tratamiento penal equivalente al de una persona adulta, particularmente cuando se trate de homicidios cometidos con violencia extrema.

Señaló que el objetivo principal debe ser que se haga justicia para las víctimas y sus familias, por lo que insistió en la necesidad de adecuar las leyes para que estos casos no queden bajo un esquema que, a su juicio, resulta insuficiente frente a hechos de esta gravedad.

El gobernador aclaró que una modificación de este tipo tendría que realizarse a nivel federal, ya que no corresponde al ámbito local, pero adelantó que impulsará una iniciativa ante el Congreso de la Unión para plantear cambios en ese sentido.

Indicó además que esta discusión no solo tiene que ver con el caso ocurrido en Lázaro Cárdenas, sino también con la forma en que grupos delictivos aprovechan la inimputabilidad de menores de edad para involucrarlos en actividades criminales, aunque precisó que ese no sería el contexto específico de este hecho.

Ramírez Bedolla reconoció que, en caso de concretarse una reforma, ésta no podría aplicarse al caso actual por el principio constitucional de irretroactividad de la ley, pero insistió en que lo ocurrido debe servir como reflexión para evitar que hechos similares se repitan.

Finalmente, reiteró que el gobierno estatal mantiene atención a las familias de las víctimas a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del caso.