El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, cuestionó duramente a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, por negarse a entregar a la Fiscalía General del Estado el teléfono celular del fallecido líder del “Movimiento del Sombrero” y exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, al considerar que obstaculiza el esclarecimiento del homicidio.

Durante su conferencia de prensa semanal, Gaona señaló que resulta contradictorio exigir justicia mientras se limita el acceso a posibles pruebas clave para la investigación.

Para mí es muy lamentable que alguien que está exigiendo justicia sea la misma persona que ponga trabas en la investigación.

El legislador petista sostuvo que la negativa de Grecia Quiroz genera dudas sobre qué podría contener el dispositivo y por qué existe resistencia para entregarlo a las autoridades ministeriales.

Habría que preguntarle por qué no quiere entregar el teléfono, cuál es el miedo de hacerlo, qué esconde o qué se podría encontrar la fiscalía al revisar este teléfono.

Baltazar Gaona reconoció el trabajo del fiscal general, Carlos Torres Piña, asegurando que desde su llegada a la Fiscalía se ha fortalecido el combate a la impunidad y destacó que hasta ahora existen más de 20 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo.

Sin embargo, insistió en que la falta de colaboración desde el entorno cercano del exalcalde deslegitima el discurso del propio movimiento.

La causa principal del Movimiento del Sombrero ha sido exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y siendo ellos mismos quienes ponen trabas en la investigación, pues deslegitiman totalmente esa causa.

Incluso sugirió que mantener viva la confrontación pública alrededor del caso podría tener un trasfondo político-electoral.

Pareciera una rentabilidad política electoral para el Movimiento del Sombrero traer viva esta narrativa y seguir teniendo exposición pública por este caso.

Gaona García advirtió que si Grecia Quiroz no entrega el celular, también perdería autoridad moral para seguir reclamando justicia públicamente.

Si ella misma es quien limita las investigaciones, entonces no tiene razón de ser que siga exigiendo el esclarecimiento del caso.

Además, consideró grave la versión de que el Ayuntamiento de Uruapan presuntamente estaría pagando abogados defensores de escoltas detenidos por el caso, situación que —dijo— en caso de confirmarse, afectaría aún más la legitimidad del movimiento político surgido tras la muerte de Carlos Manzo.