Los acontecimientos en Chihuahua y Sinaloa continúan dominando la conversación pública, especialmente a nivel nacional, donde se han generado múltiples posturas y declaraciones. La relevancia del tema ha llevado a que los principales involucrados comparezcan ante la Fiscalía General de la República para aportar la información solicitada por las autoridades.
Aunque la oposición insiste en calificar estos procesos como persecución política, no existe evidencia que respalde tal señalamiento. Por el contrario, hay elementos que requieren ser esclarecidos, particularmente en el caso de la gobernadora Maru Campos, quien enfrenta cuestionamientos serios por la presencia de agentes extranjeros en territorio estatal.
La intervención de personal extranjero en asuntos de seguridad pública constituye una vulneración directa a la soberanía nacional. Se trata de una acción que, por su naturaleza, exige explicaciones puntuales, pues la conducción de estrategias de seguridad corresponde exclusivamente al Estado mexicano y a sus instituciones. Permitir la intromisión de actores ajenos al país implica actuar fuera del marco institucional. Por eso la ciudadanía merece claridad.
Eso importa y mucho. De hecho, la estrategia adecuada debe ser la coordinación efectiva entre el gobierno federal y los estados, incluyendo las fuerzas municipales. Todo, en efecto, debe trabajar con una misma consigna a través de los distintos mecanismos que se echan a andar para inhibir el impacto de las actividades al margen de la ley. Todo eso, si hacemos un balance claro de los últimos meses, ha ido mejorando porque se ha contenido la violencia, pero sobre todo han disminuido los homicidios dolosos. Como parte de ese esquema, evidentemente, resaltamos el papel de Omar García Harfuch. Él, en poco tiempo, ha dejado claro que los cuerpos de seguridad se han desplegado a lo largo y ancho del país de forma coordinada y, lo mejor, de manera estratégica, en la que se establecen recursos para cruzar información de inteligencia y presencia por aire y tierra.
Lo que hace el gobierno, al igual que Harfuch, son prácticas constantes de evaluación para mirar el grado de efectividad ahora que los resultados se vuelven visibles. En México, a raíz de los datos del Secretariado de Seguridad Nacional, podemos decir que los homicidios dolosos han disminuido, eso sí, alcanzando cifras récord. De hecho, los contextos son más propicios ahora que la confianza ha regresado a la sociedad que mira, pero también califica esa función como un buen desempeño. Siendo así, podemos decir que se ha reconstruido el tejido social, siendo posible, por ejemplo, la percepción buena que podemos identificar.
En la conferencia matutina de hace unos días se dio a conocer que los homicidios dolosos registraron una disminución histórica. En Morelos, gobernado por Margarita González Saravia, la reducción alcanzó el 62.8 %, lo que coloca a la entidad entre las que han mostrado mayores avances en este indicador. Este resultado no es casual: responde a un esquema de coordinación eficaz entre el gobierno federal y la administración estatal, cuya articulación ha permitido consolidar estrategias más precisas y sostenidas en materia de seguridad.
En un contexto de cifras, evaluaciones y percepciones, es evidente que las instituciones han respondido con responsabilidad. Estos progresos no solo se originan a partir de operativos terrestres y aéreos, sino también del empleo estratégico de información de inteligencia para identificar y localizar a los principales actores generadores de conflictos. La combinación de despliegue operativo y análisis especializado explica buena parte de los resultados que hoy se observan en Morelos.
Otro de los puntos que alcanzó niveles importantes en la disminución de homicidios dolosos es la entidad de Guerrero, de Evelyn Salgado. Al igual que Morelos, esto ha prosperado por la buena coordinación entre federación y Estado. Las mesas de seguridad y paz, por ejemplo, son un mecanismo que funciona, mayormente porque va acompañado de muchas tareas que son desplegadas. Eso, por un lado, ha dado un éxito, dado que no hay impunidad, sea del partido que sea. Aquí no hay colores partidistas. La presidenta, una y otra vez, ha dejado muy claro que no encubrirán ni solaparán a nadie que caiga en actividades al margen de la ley. Cierto, todo esto tiene que ver, lo dijimos, con los métodos y protocolos que se operan con plena coordinación.
Por supuesto, el gobierno, adoptando una posición más eficaz, está implementando una estrategia holística; esto es, se potencia la presencia territorial de efectivos, pero, a la vez, se opta por un conjunto completo de programas para reconstruir el entramado social y, de esta manera, alejar a la juventud de las conductas antisociales que solo representan un peligro para el correcto crecimiento. Hay, de hecho, más universidades, espacios públicos, bibliotecas, libros y esquemas de asistencia en apoyos.
Hablar de avances reales en materia de gobernabilidad exige reconocer el desempeño destacado de diversas administraciones estatales. Ahí están, por ejemplo, los gobiernos de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla; Puebla, bajo la conducción de Alejandro Armenta; y el Estado de México, que también ha logrado consolidar una ruta de gestión efectiva.
Y no puede omitirse el caso de Chiapas, donde Eduardo Ramírez ha impulsado una agenda que coloca a la educación como la piedra angular. En esa entidad, la apuesta decidida por fortalecer instituciones como la Universidad Rosario Castellanos ha permitido ampliar oportunidades y generar resultados tangibles.
