El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció sobre las movilizaciones realizadas este lunes por comunidades indígenas agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), y afirmó que el derecho al autogobierno y a la autodeterminación de los pueblos originarios está plenamente protegido por la Constitución, por lo que no existe margen para regatearlo.

Durante su posicionamiento, el mandatario señaló que los procesos de autogobierno que han seguido comunidades como Opopeo se realizaron conforme a la ley, mediante asambleas públicas, previas e informadas organizadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con la participación de miles de personas.

El autogobierno está firme. La Constitución federal, la del estado y la Ley Orgánica Municipal protegen este derecho. Cualquier resistencia de los ayuntamientos es banal, va contra la ley y contra la Constitución.

Las declaraciones del gobernador se dieron en el contexto de la Primera Jornada de Memoria, Resistencia, Lucha y Dignidad de los Pueblos Originarios de Michoacán, en la que el CSIM realizó bloqueos carreteros en distintos puntos del estado, entre ellos Carapan, Paracho, Taretan, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna y el Ramal Camelinas en Morelia, “para exigir el cumplimiento de acuerdos y la defensa de derechos colectivos”.

Ramírez Bedolla subrayó que no hay espacio para negociar un derecho constitucional, y llamó de manera directa a los ayuntamientos de Salvador Escalante y Quiroga a apegarse al estado de derecho y optar por la vía del diálogo.

El avance de los derechos indígenas es imparable. Hoy hay alrededor de 50 comunidades con autogobierno en Michoacán, lo que nos convierte en un ejemplo a nivel nacional, y todavía hay más de 120 comunidades que podrían optar por este modelo.

El gobernador reconoció que en algunos casos —tres o cuatro comunidades— se ha sometido el tema a consulta y ha ganado el NO al autogobierno, decisión que, dijo, también debe respetarse, siempre que derive de una asamblea válida organizada por la autoridad electoral.

Asimismo, admitió que existen resistencias al autogobierno indígena, las cuales atribuyó a posturas conservadoras, desconocimiento del marco legal, así como a prácticas de discriminación y racismo, aunque dejó claro que su administración mantiene una postura firme a favor de que las comunidades decidan libremente su forma de organización.

Finalmente, Ramírez Bedolla reiteró que todos los sectores sociales tienen derecho a la libre manifestación, y se definió como un defensor de los derechos de las comunidades indígenas, al tiempo que insistió en que la solución a los conflictos debe darse mediante el diálogo y el respeto a la Constitución.