En México, el crimen organizado no siempre se esconde. A veces saluda, compra, vende, construye, patrocina fiestas, aparece en restaurantes, ocupa palcos, circula en camionetas imposibles de justificar y vive en fraccionamientos donde todos conocen su nombre. En cada pueblo y en cada ciudad hay personajes cuya actividad nadie puede probar en una conversación, pero que todos identifican. Los vecinos saben quiénes son, dónde viven, con quién se reúnen y qué negocios controlan. También lo saben los policías, los presidentes municipales y gobernadores, las fiscalías y los servicios de inteligencia. Una cosa es no denunciar por miedo. Otra, muy distinta, es fingir que nadie sabe nada.
El final de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, lo mostró con crudeza. Uno de los hombres más buscados del mundo pasó sus últimas horas en una residencia del exclusivo Tapalpa Country Club. No estaba sepultado en una cueva inaccesible, sino en una zona residencial, rodeado de casas, caminos, proveedores, trabajadores y vigilancia privada. La operación militar para detenerlo se realizó el 22 de febrero de 2026, después de años en los que su organización extendió su presencia por buena parte del país.
Los ejemplos se repiten. En Michoacán, “Sierra 1”, señalado como generador de violencia en Morelia, fue detenido en junio en un fraccionamiento del suroriente de la capital, después de haber evadido dos operativos. Semanas más tarde cayó Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”, líder del Cártel de Los Reyes, por quien Estados Unidos ofrecía hasta cinco millones de dólares. Antes, César Alejandro “N”, identificado como jefe criminal en Tierra Caliente, fue capturado con siete órdenes de aprehensión y controlaba incluso la comercialización de limón en varias localidades.
En Sinaloa, la detención del “Güero Pink”, jefe regional de una facción criminal, resultó todavía más reveladora: fue capturado junto con un exdirector de Seguridad Pública de Escuinapa. No se trata únicamente de delincuentes que burlan a la autoridad, sino de redes que conviven con ella, la penetran o se benefician de su protección.
En Morelos, “Don Ramón”, presunto líder de “Los Linos”, fue detenido en Yautepec con otros siete integrantes de una célula vinculada con extorsión, homicidio, robo de vehículos y tráfico de drogas. En el Estado de México, “El Choko”, dirigente de “La Chokiza”, presumía públicamente sus relaciones, participaba en eventos y difundía su vida en redes sociales mientras su grupo era relacionado con secuestros, despojos y extorsiones. Finalmente fue detenido mientras comía en una concurrida plaza comercial de Ecatepec.
La explicación oficial suele ser correcta, pero insuficiente: hay que investigar, integrar carpetas sólidas, obtener órdenes judiciales y respetar el debido proceso. Nadie sensato propone detener personas por rumores. Pero tampoco es creíble que fortunas inexplicables, propiedades de lujo, vehículos, empresas, prestanombres, movimientos financieros y estilos de vida ostensiblemente incompatibles con ingresos legales permanezcan durante años fuera de toda revisión fiscal, financiera o patrimonial.
El Estado no necesita esperar a que un capo sea sorprendido disparando. Tiene instrumentos fiscales, inteligencia financiera, investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, seguimiento patrimonial y procedimientos de extinción de dominio. Lo que falta muchas veces no es información ni facultades, sino voluntad. Por eso cada gran captura provoca una pregunta incómoda: si pudieron encontrarlo hoy, ¿por qué no ayer? ¿Qué cambió? ¿La evidencia, la orden política, la presión estadounidense, la ruptura de un acuerdo o la conveniencia del momento? La impunidad mexicana no consiste solamente en que los delincuentes se oculten bien. Consiste en que demasiados viven a la vista de todos y sólo dejan de ser invisibles cuando la autoridad decide mirar.
Ahí nace la desconfianza social. Y también la desconfianza de Estados Unidos: mientras ese país sanciona, ofrece recompensas y sigue financieramente a personajes que aquí llevan años circulando, México transmite la impresión de que la autoridad no actúa cuando puede, sino cuando quiere; no como debe, sino como conviene; y no contra todos, sino contra quien decide.

