En toda democracia auténtica, combatir la corrupción debe ser una prioridad irrenunciable. Ningún servidor público puede estar por encima de la ley. Pero existe una frontera muy delicada entre procurar justicia y utilizar las instituciones judiciales como instrumentos de persecución política. Cuando esa línea se rompe, el Estado de derecho deja de ser garantía de legalidad y se convierte en herramienta de intimidación.

Eso es precisamente lo que hoy parece ocurrir con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Desde hace varios años, Aureoles se convirtió en uno de los primeros actores políticos nacionales en denunciar públicamente la intervención del crimen organizado en los procesos electorales de México. En 2021, tras la elección en Michoacán, sostuvo de manera frontal que grupos criminales habían operado políticamente para favorecer a Morena y particularmente a Alfredo Ramírez Bedolla. En aquel momento fue ridiculizado, descalificado y acusado de no aceptar la derrota. Sin embargo, el tiempo terminó alcanzando aquellas denuncias.

Hoy México vive una discusión nacional mucho más profunda sobre la penetración del crimen organizado en la política. Las acusaciones provenientes de agencias y autoridades estadounidenses contra distintos actores políticos mexicanos, así como los señalamientos y sospechas que han rodeado casos como el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, han colocado nuevamente sobre la mesa un problema que durante años muchos intentaron minimizar: la posibilidad real de que organizaciones criminales estén influyendo en elecciones, gobiernos y estructuras de poder.

Silvano Aureoles fue uno de los primeros en señalarlo públicamente y en asumir el costo político de hacerlo.

Resulta entonces imposible ignorar el contexto en el que hoy se desarrolla la ofensiva judicial en su contra.

La narrativa oficial pretende presentar las acusaciones relacionadas con presuntos sobrecostos y contratos de cuarteles de seguridad como un caso estrictamente jurídico. Sin embargo, la manera en que se ha conducido el proceso revela elementos profundamente preocupantes. Antes de que exista una sentencia, antes incluso de que se desahoguen plenamente las pruebas, desde el propio gobierno de Michoacán y diversos actores vinculados al oficialismo se ha construido una condena pública anticipada.

Se han utilizado conferencias, filtraciones, declaraciones políticas y campañas mediáticas para instalar la idea de culpabilidad absoluta, violentando principios elementales del derecho mexicano y de los estándares internacionales de justicia.

La Constitución mexicana es clara. El artículo 20 reconoce el principio de presunción de inocencia. El artículo 14 establece que nadie puede ser privado de sus derechos sin un procedimiento conforme a las formalidades esenciales del proceso. El artículo 16 obliga a que cualquier acto de autoridad esté plenamente fundado y motivado. Nada de eso parece importar cuando el objetivo político es destruir públicamente a un adversario.

Porque más allá de las acusaciones, lo verdaderamente delicado es la evidente aplicación de una justicia selectiva.

En México existen cientos de observaciones de auditorías, irregularidades administrativas y señalamientos contra gobiernos de distintos partidos, incluidos gobiernos emanados de Morena. Sin embargo, no todos los casos reciben el mismo trato mediático ni la misma intensidad institucional. No todos derivan en campañas públicas permanentes, filtraciones estratégicas o espectáculos políticos construidos desde el poder.

La diferencia parece estar menos en la gravedad de las acusaciones y más en la posición política de quien es acusado.

Y ahí es donde el caso de Silvano Aureoles resulta paticularmente revelador.

No deja de llamar la atención que quien denunció presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores políticos hoy enfrente una ofensiva institucional impulsada precisamente desde estructuras gubernamentales vinculadas a aquellos señalamientos. Tampoco es casualidad que desde Michoacán se hayan desplegado recursos políticos, administrativos y mediáticos para sostener acusaciones que, hasta este momento, no han sido probadas mediante sentencia firme.

La justicia no puede construirse sobre linchamientos públicos.

Porque cuando un gobierno utiliza todo el aparato institucional para presentar como culpable a una persona antes de que concluya un proceso judicial, se rompe el equilibrio democrático. Se vulnera el debido proceso, se erosiona la presunción de inocencia y se manda un mensaje peligroso: el poder puede decidir quién merece ser perseguido pública y políticamente.

Eso es exactamente lo que define a la justicia selectiva.

Una democracia no se mide únicamente por su capacidad para investigar delitos, sino también por su obligación de garantizar procesos imparciales, libres de presiones políticas y respetuosos de los derechos fundamentales. Cuando las fiscalías, las filtraciones y los discursos oficiales parecen actuar coordinadamente para destruir adversarios políticos, la justicia deja de ser un instrumento de legalidad y se convierte en mecanismo de control.

Defender el derecho de Silvano Aureoles a un juicio justo no significa declarar automáticamente su inocencia. Significa defender un principio mucho más importante: que ningún gobierno debe tener la facultad de convertir la justicia en arma política.

Porque hoy es Silvano Aureoles. Mañana puede ser cualquier opositor, periodista, empresario o ciudadano incómodo para el poder.Y cuando la justicia deja de servir a la ley para servir al gobierno, el verdadero perseguido termina siendo el Estado de derecho.