La Secretaría de la Contraloría de Michoacán mantiene abierta una investigación por la presunta entrega irregular de camionetas adquiridas con recursos públicos a la Iglesia, hechos que habrían ocurrido durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

El titular de la dependencia, Francisco Ramírez Flores, confirmó que el caso se encuentra en fase de investigación administrativa, con el objetivo de determinar la ruta de los vehículos, su destino final y si estos fueron entregados de manera indebida a la Arquidiócesis de Morelia u otras instancias ajenas a las funciones del gobierno estatal.

El contralor explicó que, para que el procedimiento tenga validez jurídica, la Contraloría debe recabar pruebas documentales de manera lícita, por lo que no puede basarse únicamente en versiones mediáticas o declaraciones públicas. En ese sentido, informó que ya se realizan requerimientos formales de información a distintas autoridades e instituciones que pudieron haber intervenido en la adquisición y posible entrega de las unidades.

Ramírez Flores señaló que, de confirmarse que las camionetas fueron compradas con recursos públicos y destinadas originalmente a tareas de seguridad o funciones gubernamentales, pero posteriormente entregadas a una asociación civil o a la Iglesia, el hecho podría constituir un desvío de recursos públicos, considerado una falta administrativa grave.

Sobre el número de vehículos involucrados, indicó que no es posible confirmar cifras —como las versiones que hablan de más de 40 camionetas— hasta contar con documentación oficial que acredite la adquisición, asignación y destino de cada unidad.

El titular de la Contraloría subrayó que este expediente forma parte de un bloque de investigaciones vinculadas a la administración 2015–2021, varias de las cuales ya han escalado al ámbito judicial. Precisó que, en los casos donde se configuren responsabilidades, se podrán imponer sanciones administrativas, inhabilitaciones y la recuperación del daño patrimonial, conforme a la ley.

Añadió que, una vez que existan elementos suficientes y se determinen responsabilidades, la información será hecha pública, en respeto al debido proceso y a los tiempos legales.

El caso de las camionetas se suma a las investigaciones por millonarios recursos no aclarados del sexenio de Silvano Aureoles, en un contexto donde la Contraloría ha señalado que su prioridad es esclarecer el destino del patrimonio estatal y evitar la impunidad, aun cuando se trate de decisiones tomadas al más alto nivel del gobierno anterior.