“Es un avance significativo en la protección de los derechos de las personas mayores, y se perfila la aprobación en el Congreso del Estado de Michoacán de una reforma legal que tipifica como delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el legislador Hugo Rangel Vargas.

El diputado por el Partido del Trabajo informó que esta iniciativa es impulsada y acompañada también por la diputada Anabet Franco Carrizales, de Morena, y “cuenta ya con amplio respaldo legislativo y se espera que sea votada en la próxima sesión”.

La reforma plantea modificar el artículo 215 del Código Penal estatal para sancionar con entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la reparación del daño, a quien, aprovechándose de una relación de confianza, disponga del recurso económico de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Además, propone adicionar un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de que los ayuntamientos brinden acompañamiento jurídico y asistencia legal a las víctimas de este tipo de violencia económica.

“Durante mis recorridos por los municipios de Michoacán, cuando tuve el honor de trabajar en la Secretaría del Bienestar, escuché decenas de casos como el de una señora en la Meseta Purépecha, a quien su propio nieto le quitaba la mitad de su pensión bajo el pretexto de ‘hacerle el favor’ de retirarla”, recordó el diputado Rangel Vargas. “Esa realidad, dolorosa y cotidiana, es la que queremos cambiar con esta reforma”, enfatizó.

De acuerdo con cifras del DIF municipal de Morelia, el número de denuncias por abuso económico hacia personas mayores se ha triplicado en los últimos dos años, pasando de cuatro a más de diez denuncias mensuales, muchas relacionadas con el uso indebido de tarjetas del Bienestar.

Este fenómeno, reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una forma de maltrato grave, tiene efectos devastadores en la alimentación, salud y dignidad de las personas mayores. “No más piquetes de ojos, ni pellizcos, proteger la pensión es defender la dignidad. La vejez no puede seguir siendo sinónimo de abandono ni de abuso”, sentenció el legislador.

Rangel Vargas reiteró que esta pensión, elevada ya a rango constitucional, no es un regalo ni un favor, sino un derecho adquirido por quienes han trabajado toda su vida. En Michoacán, más de 588 mil adultos mayores reciben este apoyo, que representa una inversión bimestral superior a 3 mil 650 millones de pesos. “No vamos a permitir que uno de los programas sociales más nobles de la Cuarta Transformación se convierta en botín de abusadores. Esta reforma es una respuesta contundente, el que robe a un adulto mayor, pagará las consecuencias. Así de claro”, concluyó.