Reyes Galindo Pedraza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), puso en duda que la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, pueda ser legalmente sujeta a juicio político, al considerar que su cargo no aparece expresamente dentro del catálogo establecido en la Constitución de Michoacán.
Las tres solicitudes presentadas contra Ávila González recibieron el “ha lugar” en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que deberán ser sometidas al Pleno del Congreso. Esa determinación corresponde todavía a una etapa previa y no implica que se haya establecido responsabilidad de la rectora.
Galindo Pedraza explicó que durante la discusión en comisiones uno de los puntos centrales fue precisamente determinar si la titular de la Rectoría puede ser sometida a este procedimiento. Su interpretación jurídica, dijo, es que no.
Cuando cualquiera puede revisar la Constitución, me parece que hay un catálogo o un listado enunciado muy claro sobre quiénes somos sujetos de juicio político. A mí me parece, en una interpretación jurídica, que la persona titular de la Rectoría no lo es.
El petista explicó que la Constitución contempla al gobernador, diputados, magistrados y titulares de organismos constitucionalmente autónomos, pero sostuvo que la Universidad Michoacana no aparece dentro de estos últimos en los términos que, desde su interpretación, requiere el procedimiento.
Reconoció que durante la reunión otros legisladores argumentaron que la autonomía constitucional de la UMSNH permitiría considerar a su titular dentro de este supuesto, interpretación con la que no coincidió.
“A mí me parece que es una autonomía que debe, o es un concepto distinto”, sostuvo, al señalar que la autonomía universitaria se refiere a su capacidad de gobernarse internamente, contar con autoridades propias, disponer de su presupuesto y ejercer libertad de cátedra.
Ante las diferencias, Galindo decidió abstenerse: “A mí no me terminaron de convencer, yo tampoco los convencí y entonces el dictamen resultó aprobado por mayoría con mi voto en abstención”.
El coordinador del PT aclaró además que el juicio político todavía no ha comenzado formalmente. Si el Pleno aprueba los dictámenes de “ha lugar”, explicó, el expediente pasará a la Comisión Jurisdiccional, que estará encargada de conducir la siguiente etapa. Esta secuencia coincide con lo explicado públicamente por otros integrantes del Congreso.
Finalmente, ante los señalamientos de que el procedimiento obedecería a una disputa política contra la rectora, Reyes Galindo aseguró que, al menos en su caso, no recibió presiones para orientar su voto.
Nadie me buscó, me llamó para intentar ajustar mi voto en un sentido o en otro. Mi análisis y mi votación en comisiones fue estrictamente en una ponderación que hice de carácter jurídico.
