De aprobarse las reformas a la Ley de Derechos y Protección para los Animales de Michoacán y el Código Penal de Michoacán, aquellas personas que abandonen a algún animal podrían ser encarceladas de seis meses a un año y de 20 a 200 días de multa, es decir, de $1,689 a $16 mil 898 pesos.
Esta iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado panista David Cortés Mendoza también propone castigo de 60 días UMAS a quien utilice animales en protestas, marchas y plantones que les provoque sufrimiento, es decir, una multa de $5,069 pesos.
Quien venda animales en vía pública será acreedor a una multa que va de los $5,069 pesos a los $10,138 pesos; a quien azuze animales entre sí se les sancionará con $42,245 pesos a $126,735 pesos.
Pero esta reforma también contempla castigar a aquellos que trasladen animales por arrastre, suspensión de miembros, en costales, cajuelas o automóviles con $4,224.50 pesos a $16,898 pesos.
Aquellos que sacrifiquen un animal en la vía pública o por métodos contrarios a las normas establecidas serán acreedores a una multa de 100 a 200 UMAS, es decir de $8,449 a $16,898 pesos.
Asimismo la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en Michoacán reconocerá como principios de los animales no humanos al respeto a su vida e integridad física, sus cuidados de salud, trato digno, vida y desarrollo en condiciones propias de su especie, alimentación propia a su especie, suficiente espacio físico y reposo necesario.
Además ahora le corresponderá a los gobiernos municipales expedir permisos de funcionamiento para la operación de establecimientos comerciales, a personas físicas o morales dedicadas a la crianza, reproducción, entrenamiento, mercadeo de animales, rastros o centros de sacrificio, eventos de exhibición y espectáculos y las demás que la reglamentación permita, también serán los responsables de expedir el permiso para la utilización de animales en festividades públicas y de promover campañas de difusión en materia de adopción, bienestar, conservación y control de los animales.
Además los ayuntamientos serán los responsables de establecer y regular los centros de animales, capturar a los que deambulen y canalizarlos, además en caso de que presenten síntomas de rabia u otras enfermedades graves y transmisibles serán entregados a la Secretaría de Salud.
También será su responsabilidad retirar los cadáveres de animales de la vía pública y expedir constancias cuando se entregue en adopción algún animal doméstico, que se encuentre en los centros en la que se asiente su condición zoosanitaria.
Pero además las asociaciones civiles también tendrán responsabilidades como auxiliar en el bienestar y conservación de los animales, emitir opinión técnica a las autoridades competentes, auxiliar a solicitud expresa a las autoridades correspondientes en la supervisión de los centros, lugares de expendio, crianza, centros de espectáculos, centros de sacrificio o rastros; además de asesorar a la sociedad para la realización, presentación y seguimiento de denuncias por motivos de maltrato y crueldad animal.
