El bienestar animal ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente dentro de la agenda pública, no sólo como un tema ético, sino como un componente fundamental para la construcción de sociedades más justas, empáticas y respetuosas de la vida en todas sus formas. En este sentido, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales de Michoacán, con el objetivo de establecer de manera expresa y contundente la prohibición del envenenamiento de animales, particularmente cuando dicha conducta sea ordenada, ejecutada, permitida o tolerada por autoridades.

En su exposición, el diputado Magaña de la Mora señaló que, si bien Michoacán ha logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas incompatibles con los principios de trato digno y humanitario. “Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no sólo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades”, advirtió.

El legislador puso como ejemplo los hechos registrados recientemente en el municipio de Paracho, así como en la comunidad de Janitzio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, donde el envenenamiento de animales generó indignación social y evidenció la ausencia de protocolos éticos y humanitarios para el manejo de la fauna.

“Estos hechos no son aislados”, subrayó. “Reflejan una problemática más amplia presente en diversos municipios de Michoacán, donde ante la falta de políticas públicas integrales se recurre a prácticas que vulneran de manera grave los derechos de los animales”.

La iniciativa destaca que el envenenamiento, además de provocar sufrimiento prolongado e innecesario, tiene efectos colaterales graves: las sustancias utilizadas pueden afectar a otros animales, incluyendo fauna silvestre, así como a personas, particularmente niñas y niños que pudieran entrar en contacto con estos agentes tóxicos. Asimismo, esta práctica contamina el suelo y el agua, generando impactos negativos en el entorno ambiental.

Si bien la ley vigente ya considera el envenenamiento como un acto de maltrato o crueldad, el diputado Magaña argumentó que resulta indispensable establecer de manera explícita la prohibición de estas conductas cuando son ordenadas o toleradas por autoridades, quienes deben actuar bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos.

Por ello, la iniciativa propone incorporar una prohibición clara y categórica del envenenamiento de animales por parte de autoridades estatales o municipales, independientemente de la finalidad con la que se pretenda justificar, incluyendo el control poblacional, razones de salubridad, festividades, usos y costumbres.

Asimismo, se busca fortalecer el marco normativo estatal para promover el empleo de los métodos y anestésicos adecuados que establecen las Normas Oficiales Mexicanas, así como alternativas éticas y efectivas en el control de la población animal, tales como la esterilización, la adopción responsable y la implementación de programas integrales de bienestar animal, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.