La justicia debe estar al alcance de todas las personas, principalmente de nuestras niñas y niños, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Detalló que esta propuesta tiene la finalidad de establecer disposiciones que garanticen la participación efectiva, segura y accesible de los niños y personas con discapacidad, mediante mecanismos de protección, espacios adecuados, ajustes razonables y criterios objetivos para la toma de decisiones durante los procesos judiciales.

“Esta propuesta representa un compromiso claro: que ninguna niña, niño o adolescente, con o sin discapacidad, tenga que elegir entre decir la verdad o sentirse seguro dentro de un proceso judicial. Ellos necesitan tener a su alcance un sistema de justicia más humano, accesible e incluyente”.

Herrera Maldonado explicó que especialmente en los procedimientos de carácter familiar, donde se toman decisiones que impactan directamente la vida de los menores, es indispensable garantizar condiciones de confidencialidad, seguridad y accesibilidad que les permitan expresar libremente sus opiniones y necesidades.

“El bienestar físico, mental y emocional de nuestras niñas y niños es lo más importante, debemos procurar que se desarrollen en ambientes adecuados, aún cuando por distintas situaciones deban participar en procedimientos jurisdiccionales. Sabemos que en dichos procesos, en los que se encuentra involucrado un menor de edad, es indispensable escucharlos, tomar en cuenta su opinión de acuerdo a su madurez y edad, pero cuidando en todo momento que no sean revictimizados”.

La legisladora panista aseveró que a pesar de que en Michoacán se contemplan espacios especializados para la atención de los menores, que deben participar en un juicio, la existencia de los mismos se limita a una decisión administrativa porque no se encuentra estipulado en la ley, lo que impide que sea implementado de manera obligatoria.

La iniciativa busca incorporar estas garantías en el marco normativo estatal, para asegurar que los mecanismos de protección y atención especializada sean permanentes, obligatorios y accesibles para todas las niñas, niños y adolescentes que requieran participar en un juicio.