El representante del PRD Michoacán ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Heriberto Huerta Piña, reconoció la necesidad de actualizar el marco normativo en materia electoral, pero subrayó que cualquier reforma debe realizarse respetando plenamente la autonomía de las autoridades electorales y el principio de autodeterminación de los partidos políticos.

Durante su participación en el panel “El IEM desde la mirada de los Partidos Políticos”, realizado en el marco del 31 aniversario del Instituto Electoral de Michoacán, Huerta Piña recordó que el PRD ha sido un actor fundamental en la construcción democrática del país y en el fortalecimiento de las instituciones electorales.

El PRD fue protagonista de las grandes reformas democráticas que dieron paso a instituciones electorales ciudadanas, autónomas y confiables. En Michoacán, en 1995, se dio un paso histórico con la consolidación de órganos electorales más independientes, aunque fue un proceso complejo y resultado de una larga lucha democrática.

Al hacer un recorrido histórico sobre la evolución tanto del IEM como del PRD, destacó que la izquierda democrática contribuyó de manera decisiva a la transición política de México, impulsando mecanismos de transparencia, representación plural y certeza electoral que hoy forman parte de la vida democrática del país.

Asimismo, reconoció el trabajo que el IEM ha realizado para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales, no solamente durante las jornadas comiciales, sino también en las actividades permanentes de educación cívica, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, el representante perredista se pronunció por garantizar un presupuesto suficiente para el Instituto Electoral de Michoacán, al considerar que los procesos electorales actuales son cada vez más complejos y demandan mayores capacidades técnicas, operativas y tecnológicas.

El fortalecimiento de las instituciones electorales es indispensable para preservar la estabilidad democrática, la legalidad y la confianza ciudadana. Las reformas deben servir para ampliar derechos y fortalecer la democracia, nunca para debilitar a los órganos autónomos.