La reforma a la Ley de Salud en Michoacán representa un avance significativo en la protección de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, especialmente para aquellas de bajos ingresos y pertenecientes a grupos marginados. La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, destacó la importancia de esta reforma como un paso hacia la justicia social y la equidad en salud.
Dicha modificación en la ley, establece la gratuidad de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las instituciones de salud pública de Michoacán, con lo que se eliminan las barreras económicas que históricamente han impedido a mujeres de bajos recursos acceder a servicios de aborto seguro. Esta medida es crucial para reducir las tasas de mortalidad materna asociadas a procedimientos inseguros.
Según datos del Observatorio de Mortalidad Materna, el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna en México. Además, la Federación Internacional de Planificación de la Familia señala que, a nivel mundial, de las 500 mil muertes maternas anuales, aproximadamente 70 mil están relacionadas con complicaciones derivadas de abortos inseguros, lo que equivale al 13 % del total de estas pérdidas.
La reforma contempla la implementación de protocolos claros y la capacitación del personal médico conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas acciones buscan asegurar que la atención brindada sea de calidad, respetuosa y confidencial, con lo que se reduce el estigma y la discriminación que muchas mujeres enfrentan al buscar estos servicios.
Garantizar el acceso al aborto seguro y gratuito es fundamental para proteger la vida y la salud de las mujeres michoacanas, especialmente de aquellas que han sido históricamente marginadas y que enfrentan mayores riesgos.
Michoacán se suma a los estados que han adoptado medidas para garantizar el acceso al aborto seguro. Este avance legislativo no solo protege la salud de las mujeres, sino que también reafirma el compromiso del estado con los derechos humanos y la igualdad de género.
