El diputado Antonio Martínez Soto junto con varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaron una vez más una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Michoacán.

Esta iniciativa ya fue presentada en la legislatura pasada pero no prosperó, por lo que ahora se busca que en el estado se despenalice el aborto hasta la semana 12 de la gestación.

Esta iniciativa comprende reformar los artículos 141 al 145 del Código Penal del Estado de Michoacán, que hablan sobre la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo sin que se le criminalice.

Y es que el interés de Tony Martínez es principalmente que las mujeres no corran ningún riesgo de quedar en la plancha por practicarse abortos de manera clandestina, pero eso sí, dejo en claro que el hecho de presentar esta iniciativa no obliga a nadie a abortar, es decir, todas las mujeres son libres de tener o no a su bebé.

La iniciativa promueve la maternidad libre y responsable y disminuir el número de víctimas por abortos clandestinos.

“Con base en información documental y estadística, los riesgos inminentes y consecuencias, incluso mortales, que representa la realización de un aborto clandestino, mismos que se reducen en la medida que se elevan los costos, es decir, la mujer que tiene mayores posibilidades económicas corre menor riesgo que la que no cuenta con dichos medios, aunado a que las clínicas que practican abortos clandestinos, están presentes ante una sociedad que opta por invisibilizarlas”.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Civil “Humanas sin Violencia”, Circe López Riofrío dijo que esta iniciativa de ley va a modificar trascendentalmente la libertad de las mujeres al garantizar la irrupción del embarazo sin castigo alguno, sobre todo en casos de violación, pobreza, inseminación artificial no consentida, peligro de afectación grave a la salud, malformación o conducta imprudente de la mujer embarazada.

De aprobarse esta iniciativa de ley, Michoacán haría historia convirtiéndose en el segundo estado del país en legislar sobre la interrupción legal del embarazo.

“Las familias que se encuentran en mayor grado de marginación son las víctimas de embarazos no deseados recurrentes, por lo que se deben respetar los derechos de las mujeres a decidir el número y espaciamiento de los hijos que deseen tener lo cual es consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna”.

Quienes abortan se convierten en criminales

Del 2000 al 2017 en Michoacán se abrieron 117 carpetas de investigación en contra de mujeres que abortaron; estas cifras colocan al estado dentro de los diez con más denuncias en esta materia, de acuerdo a Verónica Cruz Sánchez, directora de Centro Las Libres.

Ella también destacó que el propio Estado es el culpable de promover la discriminación ya que son las dependencias de salud quienes levantan las denuncias y todos los casos de criminalización son mujeres pobres.

En México se realizan entre 800 mil y un millón de abortos clandestinos anualmente.