Movimiento Ciudadano tiene pleno derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también su Dirigente Nacional tiene la responsabilidad de estudiar la reforma electoral antes de acusar falsamente que se pretende cancelar la participación ciudadana, afirmó la diputada Giulianna Bugarini.

La legisladora explicó que la reforma aprobada por el Congreso de Michoacán no elimina las candidaturas independientes ni impide el registro de ciudadanas y ciudadanos sin partido.

Su propósito es garantizar que quienes recurran a esa figura compitan realmente de manera independiente y no conformen estructuras que funcionen como partidos políticos sin asumir las obligaciones legales, financieras y de fiscalización correspondientes.

Habrá que explicarles la reforma con manzanas y peras: una cosa es una candidatura ciudadana y otra muy distinta es utilizar un mismo nombre, colores, símbolos, organización y estrategia para presentar candidaturas coordinadas en distintos municipios o distritos. Cuando existe una estructura electoral común, la autoridad tiene la obligación de revisar que no se estén simulando candidaturas independientes.

Bugarini consideró oportunista que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano intente colocarse como representante de un movimiento que públicamente se ha definido como independiente y ajeno a los partidos. “Si un partido está tan interesado en representar, defender y promover electoralmente a un movimiento supuestamente independiente, naturalmente surgen preguntas. Si buscan una alianza, deben decirlo de frente y no esconderla detrás de una falsa defensa de la ciudadanía”, sostuvo.

La diputada reiteró que la reforma busca establecer reglas iguales, fortalecer la fiscalización, combatir la violencia política digital y proteger las elecciones de la intervención de poderes ilícitos.

La democracia se fortalece con participación ciudadana, pero también con transparencia. Defender las candidaturas independientes no significa permitir partidos disfrazados ni estructuras paralelas sin obligaciones. La ciudadanía merece saber quién organiza, quién financia y qué intereses existen detrás de cada candidatura.