La huella narco terrorista

La opinion de Julio Santoyo ✍🏻

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Las omisiones gubernamentales del pasado y la franca entrega en los tiempos que corren del territorio a los grupos del crimen organizado ha devenido en una crisis profunda para la seguridad de la población, los productores, el comercio de exportación y la soberanía nacional.

Ha existido una apuesta insensata en pro del aislamiento, como si México estuviera encapsulado; a partir de esta creencia la clase política se lanzó a ofrecer el control territorial al crimen como moneda de cambio, ello para negociar con los capos la elegibilidad de gobernantes, para obtener recursos patrimoniales, y para instituir una gobernabilidad soportada en el poder de los grupos delincuenciales. La temeraria apuesta ha tenido, está teniendo y seguirá teniendo, un costo elevado para la paz nacional, la dinámica económica, el bienestar general de los mexicanos y para las relaciones internacionales.

El fenómeno que está por todo el país y hace eco por todos lados, nos muestra que el control del narco ha podrido todo lo que toca. Ha podrido segmentos importante del comercio, ha podrido gran parte de la producción agropecuaria y frutícola; ha podrido infinidad de gobiernos municipales; ha podrido gobiernos estatales, ha podrido la política, e incluso en muchos lugares ha podrido las relaciones familiares y los entornos comunitarios.

El control de los grupos criminales sobre muchas de las actividades económicas vitales para el desarrollo de las regiones del país está teniendo impacto en el comportamiento de los precios de los productos, eso es archisabido. Las extorsiones las terminan pagando los consumidores finales, este hecho retrata con crudeza el rebasamiento del Estado y la inexistencia del gobierno en múltiples lugares de la nación.

Durante décadas esta cruenta realidad se había venido asomando y crecía poco a poco, pero en los últimos años el fenómeno se desbordó a niveles nunca antes vistos. Que la estrategia gubernamental se haya estructurado en torno a la desafortunada frase de “abrazos y no balazos” representó la claudicación absoluta del gobierno frente a los delincuentes. Los resultados, lo estamos viendo, han sido desoladores y una herencia maldita para la presidente Sheinbaum. Una herencia que, entre otras cosas, nos aportó un debilitamiento extremo de las instituciones gubernamentales; debilitamiento que ahora nos coloca en profunda desventaja frente a la agresividad estadounidense.

Al presidente Trump se le han regalado en charola de plata los argumentos que necesita para llevar a cabo sus planes de sometimiento sobre el gobierno de México. Ha calculado muy bien la determinación de designar a los carteles de la droga como entidades terroristas porque sabe, como ya lo dijeron los que ahora están en su gabinete, que hay gobernantes mexicanos que están metidos con la delincuencia.

El gobierno estadounidense tiene del pescuezo al gobierno mexicano, y el gobierno lo sabe, de ahí su reacción suave y sumisa ante la primera parte del plan trumpista de regresar miles de migrantes. Pero falta la otra parte del plan, la operación para ir por las agrupaciones narco terroristas y por quienes las apoyan, las financian y las protegen. 

Es claro que el interés del gobierno estadounidense va más allá de la guerra al narco mexicano, van por imponer una renegociación inmediata del T-mec para también imponer las condiciones que a modo aseguren clausulas que se correspondan con su ideal de hacer grande nuevamente a Estados Unidos.

Para hacerlo estarán utilizando como pretexto el narco terrorismo y sus vínculos con la élite gobernante. No tardan en dar a conocer la huella criminal, por ejemplo, de las exportaciones agropecuarias mexicanas. El aguacate y el limón, por solo hablar de estos, son dos productos que representan un alto valor para las exportaciones mexicanas pero que se les relaciona con actividades criminales. Quién ignora que son los cárteles quienes en amplios territorios cobran por cosechar, por transportar, etc., es decir, financian al narco. 

Claro que en ello no tienen responsabilidad los productores sino el gobierno mexicano que no ha sido capaz de sacarlos de la cadena productiva. Sin embargo, el hecho representa un excelente pretexto para Estados Unidos el que podrá utilizar para cerrar la frontera o imponer aranceles y con ello obligar al gobierno mexicano a adelantar la revisión del T-mec e imponer los términos que le convengan.

El debilitamiento de las instituciones mexicanas, resultado de políticas equivocadas, centralistas e irresponsables, es el contexto sobre el cual se fincarán ahora las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos. No será la mejor etapa en la historia de las relaciones con los vecinos del norte, eso queda claro.

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