La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Michoacán manifestó su profunda preocupación y rechazo ante los recientes hechos de violencia que han afectado a las y los defensores del medio ambiente en la entidad, y realizó un llamado urgente a las autoridades para implementar mecanismos efectivos de protección.
A través de un posicionamiento emitido en tribuna, la representante del PVEM y diputada Sandra María Arreola Ruiz expresó, en nombre de su bancada, un reconocimiento pleno a la labor de quienes dedican su vida a la defensa del entorno natural:
Reconozco con profunda admiración y gratitud el trabajo de las y los defensores ambientales, pues no solo protegen bosques, ríos y territorios; resguardan el futuro de nuestras comunidades, la salud de nuestras familias y el delicado equilibrio que hace posible la vida. Su labor es valiente, necesaria y profundamente digna.
Sin embargo, la legisladora advirtió que esa labor se enfrenta hoy a riesgos que no pueden ni deben normalizarse. “Cada agresión y cada amenaza representa no solo un daño individual, sino un golpe directo a la defensa colectiva de nuestro entorno y a la posibilidad de construir un desarrollo verdaderamente sostenible”, agregó.
Ante esta realidad, la bancada del PVEM exigió a las autoridades competentes que se implementen y fortalezcan de manera inmediata mecanismos eficaces de protección para las y los defensores del medio ambiente, con un enfoque preventivo, efectivo y territorial.
Ninguna persona debería temer por su integridad al cuidar lo que es de todas y todos. Resulta profundamente doloroso e inaceptable que pierdan la vida quienes han dedicado la suya a proteger la de todos los seres vivos. El silencio a causa del miedo no puede convertirse en el precio de defender nuestros recursos naturales.
La bancada ecologista fue contundente al señalar que la protección de los defensores ambientales no es una opción, sino una obligación del Estado mexicano.
Proteger a quienes protegen no es una opción, es una OBLIGACIÓN del Estado. No podemos permitir que la violencia debilite la defensa de nuestro patrimonio
