Hace poco, a través de este espacio de opinión, aplaudimos la determinación del Congreso Local de San Luis Potosí al decretar la Ley de Paridad de Género. Eso, que fue acordado en mayoría, otorgaba el derecho para que la mujer garantizara su participación en las elecciones intermedias del 2027. De hecho, eso fue gracias a una consulta previa que hicieron organismos autónomos en aquel punto del país. Lo concluido, que se llevó como iniciativa, fue precisamente darle la certeza para que se pudiera ser más precisos en la designación, máxime cuando nunca en la historia de los procesos electorales se ha dado este fenómeno. De hecho, no se trata de ninguna imposición, sino de la justicia en un momento coyuntural donde la mujer sigue rompiendo paradigmas en las funciones públicas y espacios de participación.
Como sabemos, el asunto llegó a un punto de polarización por mucho que se especuló. No se trata, repito, de una posición de partidos ni mucho menos una línea para beneficiar a alguien en específico. De hecho, muchos explotaron por el decreto que, se sabe, ha tomado reversa por la decisión del gobernador de no promulgar la ley. Se trató, por lo tanto, de una medida que seguramente se consensuó bastante. El tema regresará al legislativo local para que se amplíe el análisis y la discusión. Eso, sumado a que nunca existió una perspectiva de imposición, abre el compás a otros elementos que, de plano, influirá en el futuro inmediato. No estamos hablando de los argumentos de la Ley de Paridad de Género, sino de la propia construcción de acuerdos entre los aliados, particularmente de Morena, PT y Verde Ecologista de México.
Siendo congruentes, una coalición funciona cuando hay nivelación entre las partes y consensos de común acuerdo. Así, desde luego que es válido pedir espacios de participación para que la balanza tenga un poco de equilibrio. Morena, desde luego, no puede acaparar todas las gubernaturas y emitir reglas que solo le favorezcan a ellos. Sería, ni más ni menos, un error de cálculo que puede traerles un costo político muy elevado. Para construir gobiernos de coalición, queda claro, debe reinar la flexibilidad que lleven en sí misma la buena voluntad. Abarcar todo no es sano y, por ende, puede ser una medida para que la población se desprenda de las determinaciones y opte por otras alternativas. Al menos en el caso de San Luis Potosí, lo más lógico y sensato es que Morena seda la estafeta al PVEM, que es, en el legislativo, uno de sus grandes aliados para edificar la agenda de prioridades en materia constitucional.
En lo electoral, sobra decir, los votos del PVEM han sido cruciales para alcanzar los objetivos territoriales, así como la mayor proporción de entidades y municipios. El apoyo, para ilustrar, hizo que cuantitativamente se alcanzara el mayor número de espacios de representación proporcional y, por ende, la anhelada mayoría calificada. Es muy visible el impulso que le ha dado el partido del tucán. Poniendo de lado todo eso, vendrá un periodo clave con las tres dirigencias nacionales que conforman la coalición Seguimos Haciendo Historia, sobre todo habiendo un antecedente sustancial que puede tomarse como punto de partida. El Verde, por ejemplo, tiene su principal epicentro en San Luis Potosí. Ha demostrado ese poderío, principalmente en la elección pasada en la que Ricardo Gallardo arrasó. Eso, como tal, trajo desafíos y retos que supo encarar el mandatario. De acuerdo con los registros de enero de 2026, el gobernador es, de una lista larga, uno de los mejores evaluados del país.
Gallardo, de hecho, se enfrentó al comienzo con uno de los grandes desafíos que fue el tema de seguridad. Hace poco, para ser precisos esta semana, la SSP divulgó los registros de percepción de homicidios dolosos. San Luis, con un porcentaje muy mínimo, se consagró como uno de los puntos más seguros del territorio nacional. Eso, por lo tanto, es una acción que pocos pueden presumir, básicamente cuando encuentras la brújula de un andamiaje de estrategias para pacificar los espacios de mayor vulnerabilidad.
Estos aspectos muestran que el Verde Ecologista sabe gobernar. De hecho, su proyecto político da para mucho más; es decir, debe ser duradero para seguir sentando las bases y profundizar las políticas públicas. Asimismo, la continuidad tendría sentido, mucho más ahora que, de pies a cabeza, el PVEM está a la cabeza de las preferencias. Así que, de no alcanzar un acuerdo con los aliados, el Verde tiene suficiente capital para competir en caso de no forzar una coalición. Siendo así, y con las condiciones a favor, el PVEM tendría margen de maniobra para elegir a su representante en las boletas bajo sus propios criterios. Acatar esa determinación, por consenso y unidad, sería una acción legal que tendrá que validar el órgano electoral.
Siendo así, nada impedirá al Verde Ecologista postular a una mujer bajo cualquier presión que brote. Y sí, con las condiciones dadas podemos ir proclamando entre las finalistas de un proceso interno a la Senadora Ruth González, que tiene un pie y medio en la candidatura por el gobierno de San Luis Potosí. Ella, además de tener el derecho legítimo, cuenta con una carrera construida a lo largo de muchos años. Está muy claro: la legisladora está en la cúspide de las preferencias del grueso de la simpatía de San Luis.
