El presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, arremetió contra el Movimiento del Sombrero al asegurar que la marcha por la paz realizada el pasado 1 de noviembre en Uruapan tuvo una convocatoria reducida y estuvo integrada principalmente por trabajadores del Ayuntamiento, por lo que consideró que esta organización política se encuentra debilitada.
Durante su conferencia de prensa, el legislador del Partido del Trabajo (PT) cuestionó la movilización encabezada por la alcaldesa Grecia Quiroz García, realizada en el primer aniversario del asesinato del expresidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.
Gaona aseguró que los organizadores esperaban una asistencia de 70 mil personas, pero sostuvo que apenas participaron alrededor de mil, una estimación que contrasta con los reportes periodísticos y las cifras de autoridades estatales, que registraron la asistencia apenas por encima de las 2 mil personas.
Esta marcha por la paz más bien fue un desfile de las autoridades municipales del Ayuntamiento de Uruapan. En todo el recorrido estaban trabajadores del Ayuntamiento, directores, todo el personal haciendo un desfile, porque ciudadanos no hubo nadie.
El diputado también utilizó el término “Cártel del Sombrero” para referirse al movimiento político fundado por Carlos Manzo y afirmó que su respaldo social disminuye conforme avanzan las investigaciones relacionadas con el homicidio del exalcalde.
El Cártel del Sombrero tiene más integrantes en la cárcel que seguidores.
Gaona insistió en que el movimiento se encuentra en declive y atribuyó esa situación a lo que describió como contradicciones y falta de congruencia de sus integrantes.
Prácticamente este movimiento está derrotado, prácticamente se está acabando. Cada día que pasa hay más integrantes en la cárcel y menos seguidores.
En relación con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, el legislador afirmó que existen funcionarios y personas vinculadas al movimiento que han sido detenidas o enfrentan procesos judiciales.
Además, acusó una supuesta falta de colaboración para entregar los teléfonos celulares y proporcionar información que, según dijo, permitiría localizar al Coronel Jiménez, jefe de escoltas del difunto edil y actualmente prófugo de la justicia.
También insistió en que los abogados de algunos imputados están siendo pagados con recursos del Ayuntamiento de Uruapan.
