Donde manda la Apeam, no …

La opinión de Julio Santoyo ✍🏻

FECHA:

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El problema más grande que tiene Michoacán en materia ambiental se llama Cambio de Uso de Suelo. Contra este fenómeno no han podido ni el gobierno federal como tampoco el estatal y mucho menos los gobiernos municipales. Y no es que no tengan facultades para ello, todo lo contrario, las tienen y muy claras; y tampoco es que no tengan suficientes instituciones porque tienen bastantes federales, estatales y algunas municipales. 

Se estima que en los últimos 30 años Michoacán ha perdido algo así como el 60 % de sus bosques, privilegiadamente para dedicar esas tierras a cultivos frutícolas, ganaderos y para la urbanización. También se estima que alrededor de la mitad de los cultivos aguacateros fueron previamente bosques de pino y encino. 

No obstante, a pesar de la barbarie perpetrada contra el patrimonio natural de los michoacanos, sorprende que hasta ahora no tengamos una sola política exitosa dedicada a frenar el Cambio de Uso de Suelo y que tengamos que asumir como natural y regular la ruta de la extinción de los bosques y con ellos de sus ecosistemas y resignarnos a las crisis hídricas, cada vez más agudas, porque al morir los bosques se está provocando el incremento de las temperaturas y la desaparición de zonas de infiltración hídrica.

El gobierno federal, el estatal y los gobiernos municipales han fracasado estrepitosamente en la contención y control del Cambio de Uso de Suelo; no han tenido la capacidad de recuperar los territorios boscosos perdidos o denunciados. Si el indicador Cambio de Uso de Suelo, que puede ser medido en espacio por hectáreas y en tiempo, por años, no se mueve positivamente sino de manera negativa quiere decir que el fracaso continua.

Las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad constitucional de atender este problema y no pueden ni deben voltear la cara hacia otro lado, son la cara del Estado mexicano. Pero, hay otro agente que tiene responsabilidad social inocultable y que ha jugado un papel protagónico en le pérdida de bosques. Esa institución es un poder fáctico que ha rebasado y superado las capacidades de contención gubernamental con la mano en la cintura, es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, Apeam.

Con el poder que el Estado mexicano le ha concedido a esta asociación, —abdicando de sus responsabilidades— liberando en su favor el Cambio de Uso de Suelo, le ha concedido así la facultad para regular a su modo la ruta de la expansión aguacatera. El pacto de valores entendidos entre gobernantes y poderosos aguacateros, que tiene como su principal consigna “dejar hacer, dejar pasar”, ha permitido que la riqueza de nuestros bosques y aguas, que es patrimonio de todos, se conviertan en patrimonio ilegal de unos cuantos. 

Lo anterior queda bastante claro con la propaganda que Apeam está promoviendo en estos días bajo el lema “Sin bosques no hay futuro”. Se sabe que no hay burla a la ley sin una alta dosis de cinismo. Y así es, en letras pequeñas indican que “Apeam y MHAIA (Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass) establecieron un propósito para 2035, cero deforestación”. Eso dicen quienes son los principales responsables del Cambio de Uso de Suelo y la crisis ambiental en Michoacán. 

No cabe duda de que quien marca la agenda sobre la deforestación y el Cambio de Uso de Suelo, es decir la agenda ambiental de Michoacán, es Apeam. Tan es así, que antes que sea el propio Estado mexicano, quien lo diga, es Apeam quien, por vez primera en esas latitudes del poder, establece como fecha el 2035 para alcanzar un objetivo ambiental y la primera también en esa latitud en pronunciarse sobre la cero deforestación.

La fecha es una vacilada y resulta ignominiosa para el patrimonio de los michoacanos. De aquí al 2035 no quedarán bosques que proteger si nos atenemos a la velocidad con que se está haciendo el Cambio de Uso de Suelo para plantar aguacate. Hay algo que ellos sí podrían hacer desde ahora: 1) Condenar el Cambio de Uso de Suelo, 2) Rechazar toda solicitud de registro de predios con ese antecedente, 3) Rechazar la comercialización de todo aguacate procedente de predios talados, 4) Denunciar ante las instituciones federales los casos de cambio de uso de suelo.

De manera clara y cínica Apeam le está pidiendo al gobierno (y con seguridad lo logrará) su consentimiento para seguir tolerando la tala y el Cambio de Uso de Suelo para los próximos 10 años. 

Ahí donde manda capitán no gobierna marinero, o sea, ahí donde manda la Apeam no manda el gobierno. Veremos en los próximos años cómo esa agenda será al final de cuentas la agenda que asuman los políticos para seguir teniendo el apapacho electoral de los poderosos ecocidas de esta asociación. 

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